By La Justicia condenó este miércoles al exjefe de Gabinete y exministro del gobierno kirchnerista, Aníbal Fernández, a indemnizar con $50 mil a José María Escobar, un dirigente del Partido Obrero, por haberlo acusado falsamente en una conferencia de prensa de ser el responsable de un sabotaje en 2008 a línea Sarmiento de trenes.
«Quien invoca un hecho tiene la carga procesal de demostrarlo, obligación que pesa sobre el que afirma, y que la mencionada carga es una circunstancia de riesgo que consiste en que quien no acredita los hechos que debe demostrar, pierde el pleito», sostuvo en su fallo la jueza civil y comercial federal Alicia Pérez.
El hecho que desató la causa ocurrió el 4 de septiembre de 2008, cuando un tren descarriló en la estación Castelar y desde la formación bajaron pasajeros y comenzaron a atacarla. Lo mismo ocurrió poco después en la estación Merlo. Por la tarde, en Casa Rosada, Fernández y el fiscal Carlos Stornelli, entonces ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, dieron una conferencia de prensa en la que mostraron fotos de lo ocurrido y denunciaron un sabotaje del Partido Obrero.
«El que dirigió toda la operación, en este caso, es un militante del Partido Obrero, que se llama José María Escobar, que es preceptor de una escuela, debería haber estado trabajando en ese momento. La gente que está presente es la que dice que esta persona es la que se quita un buzo, lo mete dentro de un balde, lo prenden fuego, cuando el buzo prendió fuego lo tiran adentro con eso y comienza el incendio de los siete vagones», dijo Fernández en ese momento y ante esta acusación el dirigente de izquierda presentó una demanda.
Ahora, la jueza apuntó que «no se encuentra probado, ni tampoco se infiere, que el Sr. Escobar haya prendido fuego un buzo y lo haya arrojado; además, no fue llamado a declarar ni fue imputado en la causa penal iniciada como consecuencia de los hechos acontecidos».
“Considerando la gravedad de los dichos del Sr. Fernández que apuntaron al actor (NdA: Escobar) como el autor principal de los incidentes, y que afirmó que debía estar detenido, cuando ni siquiera fue imputado en sede penal, la proyección social desdorosa de la atribución injusta, como también el efecto de aislamiento que ocasiona la pérdida o la duda sembrada sobre su reputación, debe reconocérsele en concepto de daño moral el importe de $50.000″, resolvió.
