El fiscal pidió las detenciones de Paolo Rocca y Abal Medina en la causa de los Cuadernos K

Bonadio había procesado el martes pasado al empresario como miembro de la asociación ilícita que comandó Cristina Kirchner y que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales. Además, le trabó un embargo de 4.000 millones de pesos

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Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo pidieron este miércoles la detención del CEO de la empresa Techint, Paolo Rocca, en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas. La medida alcanza también al ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Juan Manuel Abal Medina.

Según Claudio Bonadio, quedó comprobado el pago de coimas por parte de esa compañía a ex funcionarios para solucionar la situación de la empresa Sidor en Venezuela.

En su resolución, el magistrado también decidió procesar a Abal Medina, a su ex secretario privado, Hugo Larraburu, y a los empresarios Alberto Padoan y Rubén Aranda, entre otros, y amplió el procesamiento contra Julio De Vido y Roberto Baratta por la admisión de dádivas, y el de otros integrantes de la asociación ilícita como Nelson Lazarte, Hernán del Río, Hernán Gómez.

Rívolo y Stornelli apelaron la medida al considerar que los procesados deben quedar detenidos al igual de los demás acusados en este expediente.

El CEO de Techint tuvo que declarar por primera vez como imputado en la causa de corrupción, que la semana pasada devino en su primer procesamiento en la justicia federal. La sede de la firma figuraba como uno de los puntos de encuentro para el pago de sobornos que registró el entonces chofer Oscar Centeno.

Para Bonadio, se pudo determinar “la existencia de una organización criminal desde las máximas autoridades” del Gobierno y del ministerio de Planificación Federal, quienes “diseñaron un mecanismo mediante el cual se recaudaba dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”.

Para que esta maniobra se concretara, indicó el magistrado, fue necesaria la participación de funcionarios públicos y del sector empresarial que recibía contratos del Estado: “La recaudación funcionaba en el ámbito del citado ministerio, en lo concerniente a la obra pública, las concesiones viales y transporte”, cada una con una “forma establecida y personas encargadas” para el cobro de las coimas.

Los representantes del Ministerio público fiscal entienden que para perpetrar dichas acciones fue indispensable “la irrupción presuntamente criminal de varios empresarios, cuyas voluntades se plegaron de manera decisiva a otros integrantes de la organización, entonces funcionarios públicos, y cuyos roles adquieren una singular trascendencia, puesto que ayudaron a estructurar un esquema de organización que excedió el mero acuerdo de voluntades entre quienes decidieron participar”.

Por eso Stornelli y Rívolo entienden que corresponde que el procesamiento de Rocca “debe ser con prisión preventiva”.

Los fiscales también solicitaron que el ex Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, su ex secretario privado Martín Larraburu y los empresarios Alberto Padoán y Rubén Aranda tengan prisión preventiva, pues “convergieron junto a funcionarios públicos del más alto nivel en la perpetración de un emprendimiento criminal complejo, ideado, planificado y ejecutado, como señaló el juez, con el objeto de recaudar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”.

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