By La senadora Cristina Kirchner presentó un proyecto de ley para que los ciudadanos que tengan cuentas o participen en sociedades radicadas o ubicadas en guaridas fiscales no podrán asumir cargos públicos.
Así, desde su banca en la Cámara Alta, la ex Presidenta vuelve a demostrar que tiene al Gobierno entre ceja y ceja y que generarle dolores de cabeza parece ser su principal objetivo.
En sus fundamentos, sostiene que «más allá del blindaje mediático y judicial que encubre a dirigentes y funcionarios oficialistas, ninguno de los tres poderes del Estado puede tener entre sus funcionarios personas que utilicen las guaridas o paraísos fiscales, y al mismo tiempo reclamarle a los y las ciudadanas que cumplan con sus obligaciones tributarias».
La iniciativa establece que los funcionarios que incumplan la norma deberán renunciar al cargo en un plazo perentorio de 5 días hábiles. Y en un párrafo que parece destinado a algunos funcionarios de la administración macrista, se aclara que la incompatibilidad es retroactiva a los dos años anteriores a asumir la función.
El proyecto lleva la firma de los ocho integrantes de la bancada del Frente para la Victoria (FPV) y modifica la ley de ética pública para declarar incompatible con el ejercicio de la función pública cualquier tipo de estructura jurídica que se encuentre radicada en países de baja o nula tributación o jurisdicciones consideradas offshore.
A través de un comunicado, Cristina destacó que como consecuencia de maniobras de evasión impositiva de empresas multinacionales que se canalizan en estas guaridas fiscales -la mayor parte de este dinero no está declarado-, sólo en el año 2016 Argentina dejó de recaudar 21.406 millones de dólares (4,4% de su PBI).
