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La Oficina Anticorrupción pidió 5 años y seis meses de prisión para Amado Boudou

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En el final de los alegatos por el caso Ciccone, la Oficina Anticorrupción pidió una pena de cinco años y seis meses de prisión para Amado Boudou, una multa de $90 mil y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Para José María Núñez Carmona, socio y amigo de Boudou, la Oficina conducida por Laura Alonso cinco años de prisión; para el empresario Alejandro Vandenbroele un año y seis meses; para el empresario Nicolás Ciccone tres años y ocho meses; para el funcionario de la AFIP Rafael Resnick Brenner tres años, y para el ex jefe de Gabinete de Boudou en el Ministerio de Economía, Guido Forcieri, dos años y cuatro meses.

Además, para todos, excepto para Vandenbroele, la OA requirió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y que Boudou, Núñez Carmona y Ciccone paguen una multa de $90 mil y para Vandenbroele una de $30 mil.

La pena sustancilamente menor para Vandenbroele es por «su aporte en la confesión que permitió corroborar la prueba que se produjo en el debate», explicó Matías Rey que junto con Natalia Pereyra fueron los abogados de la OA a cargo del alegato que comenzó a las 10 de la mañana y culminó a las 19 horas.

Sin embargo, en este juicio Vandenbroele no llegó como arrepentido ya que esa condición la tiene en otras causas que todavía se están investigando.

Durante los alegatos, la OA afirmó que quedó demostrado que en 2010 Boudou, cuando era ministro de Economía, se interesó en la compra de Ciccone -la empresa calcográfica más importante del país-, que Nuñez Carmona llevó adelante las gestiones y como ninguno podía aparecer como la cara del negocio convocaron a Vandenbroele para que compre la empresa a través de The Old Fund.

«Como ministro de Economía actuó disciplinando a un montón de reparticiones públicas para un negocio privado», señaló la OA sobre Boudou. También advirtió que los testigos contra el ex vicepresidente fueron amenazados o denunciados por falso testimonio y hasta incluso despedidos del Estado cuando comenzó la investigación en 2012.

«La prueba que hemos conseguido en el juicio supera el testimonio de (Alejandro) Vandenbroele como arrepentido», afirmaron y sostuvieron que «Boudou, como ministro de Economía, tuvo injerencia para que se realizara un negocio».

La OA señaló que Boudou, Nuñez Carmona y Vandenbroele «actuaron de manera coordinada». «Boudou tomaba las decisiones, (José María) Núñez Carmona las ejecutaba y necesitaron un tercero porque no podían aparecer. Y ese es Vandenbroele, quien no tomaba decisiones pero aparecía en cuestiones formales», señaló.