Otra mala para CFK: piden elevar a juicio oral la causa Los Sauces

Es el caso de la inmobiliaria que tenía como clientes exclusivos a Lázaro Báez y Cristóbal López. También están involucrados sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner

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Mientras atiende al pedido de desafuero que pidió el juez federal Claudio Bonadio para detenerla en el caso de los cuadernos entregados por el chofer de Barratta, Cristina Kirchner recibió otra mala noticia: los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques consideraron cerrada la etapa de instrucción y pidieron elevar a juicio oral el caso Los Sauces, donde se investiga un entramado de operaciones inmobiliarias para cometer diversos delitos.

Además de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, deberán sentarse en el banquillo de los acusados Romina Mercado, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares, Norma Abuin, Jorge Marcelo Ludueña, Ricardo Albornoz, Luciana Báez, Leandro Báez, Martín Báez, Emilio Martin, Claudio Bustos, Martín Jacobs, Oscar Alberto Leiva, Carlos Alberto Sancho, Rolando D’Avena, Marcelo Mazú, Raúl Avarese, Lisandro Gauna y Mónica Romero.

Según informó Infobae, durante la investigación los fiscales pudieron corroborar “la puesta en marcha y concreción de una estructura coordinada de personas, con división de roles y permanencia en el tiempo por más de doce años, que le permitió a sus responsables sustraer de las arcas públicas miles de millones de pesos y luego con esos fondos iniciar un camino de retorno de dichos fondos a través de distintos mecanismos de lavado de dinero a favor de la ex familia presidencial”.

Y especificaron: “La acusación fiscal se encuentra enmarcada en la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los ex Presidentes de la Nación, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ex funcionarios públicos de distintas agencias estatales y otras personas de su confianza, montada en base a una división de roles definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado, y sostenida ininterrumpidamente al menos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2016, destinada a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos”.

Los fiscales, además, señalaron que: “Los planes criminales llevados a cabo por esta organización delictiva no se agotaban en la sustracción de fondos al Estado Nacional y en la concesión de beneficios exclusivos, sino que esta misma organización, con alguno de sus integrantes y la incorporación de nuevos, iniciaría una etapa posterior, en la cual una porción del dinero de los empresarios atravesaría el camino inverso en favor de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, pero esta vez, ocupando otro rol, en una faceta privada, a través de la instrumentación de distintas maniobras, tales como el lavado de activos a partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades”.

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