Tucumán promueve una ley para prohibir el aborto en casos de violación

El texto replica una legislación sancionada en el año 2009 por la comunidad autónoma española de Valencia, a la que califican como la normativa “provida más avanzada”

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Un grupo de 29 legisladores de Tucumán presentó un proyecto de ley para prohibir el aborto en casos de violación. La iniciativa desató controversia por tratarse de una práctica habilitada por el Código Penal, prevista en el anteproyecto de reforma e incluso avalada por la Jurisprudencia de la Corte Suprema.

La iniciativa, hasta ahora inédita en el país y presentada el 1° de noviembre, es impulsada por el peronista Marcelo Caponio. El texto sostiene que el aborto no punible es contrario a la Constitución nacional, de la Provincia y de los tratados internacionales incorporados a la Carta Magna.

“Respetamos todas las normas y lo establecido en la Carta Magna. No vamos en contra de ningún artículo. Estamos avanzando para que (esta postura) no quede en una cuestión declamativa, sino que el Estado (provincial) esté al lado de la mujer y el niño, y se salven las dos vidas”, indicó el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales.

El proyecto había sido presentado en la anterior composición de la Legislatura, pero perdió estado parlamentario por falta de tratamiento. Esta vez, la legislación es la que tiene más voluntades a favor en lo que va del año, y cuenta con el apoyo de oficialistas y opositores, entre los que se destacan las peronistas Graciela Medina, presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer, y Sara Alejandra Assán, de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia, Adultos Mayores y Discapacidad.

El texto replica una legislación sancionada en el año 2009 por la comunidad autónoma española de Valencia, a la que califican como la normativa “provida más avanzada” y pionera para “proteger a la mujer embarazada y del niño por nacer”. Sin embargo, esta ley fue derogada en 2017 para priorizar el derecho de las mujeres gestantes.

“Es necesario compatibilizar y armonizar los derechos de la mujer embarazada, y en especial los de la mujer víctima de delitos contra la integridad sexual, con el derecho humano a la vida del niño por nacer, y su garantía de igualdad y no discriminación”, señaló Caponio.

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