By El ministerio de Seguridad bonaerense comenzó a reincorporar policías que fueron suspendidos de sus funciones por denuncias penales o administrativas durante el gobierno de María Eugenia Vidal.
Según informó Clarín, en los últimos 30 días regresaron a la actividad 390 oficiales y suboficiales (de los 16 mil sumariados de la policía Bonaerense) que estaban en disponibilidad por decisión del gobierno anterior.
De acuerdo con los procedimientos internos, en los casos de corrupción interviene la Auditoría de Asuntos Internos (AI), que dispone la separación del cargo y el pago del 50% del sueldo durante cuatro meses. Después, esa medida se puede prorrogar pero el funcionario tiene derecho a percibir el 100 de su haber hasta que termine la causa administrativa. Puede resultar absuelto, cesanteado o exonerado.
Según explicaron ahora en el ministerio, «hay casi 6 mil efectivos que están en su casa cobrando la totalidad del salario y sin posibilidad de ser incorporados al servicio porque tienen abierto el sumario administrativo». Cerca del ministro Sergio Berni, aseguran que «centenares de estas causas fueron desestimadas y enviadas al archivo por la justicia y por A.I. porque no había elementos para sostener las sanciones. Hacían sumarios a granel y por motivos insignificantes sólo para generar estadísticas de marketing y construir la épica del combate a la corrupción«.
Entre 2016 y diciembre de 2019, la auditoría que funciona como organismo de control de excesos, arbitrariedades o irregularidades de los integrantes de la fuerza, instruyó más de 13.000 sumarios administrativos contra integrantes de la institución armada que tiene casi 90 mil hombres y mujeres.
De acuerdo con los informes que se conocieron al final del mandato de Vidal, como resultado de sus intervenciones, 2.390 oficiales y suboficiales terminaron exonerados. La mayoría por casos de corrupción, abuso en el uso de la fuerza o por condenas penales. Hubo, además, 2.200 suspendidos y cerca de 1.100 sobreseídos.
Ahora, en el ministerio de Seguridad sostienen que hay entre 5.000 y 6.000 procesos que deberían cerrarse porque no tienen argumentos para una sanción: «En plena pandemia y cuando más se requiere la presencia de policías en las calles, no podemos tener ese recurso humano en su casa. Y encima generando una erogación del Estado porque están cobrando el 100% del sueldo», es la explicación.
Este martes, el abogado Marcelo Peña, ingresó 40 pedidos de «reincorporación» de policías a sus actividades: «Son oficiales de Mar del Plata, Junín, La Plata y otros distritos que quieren volver a su trabajo. Los procesos penales están archivados o cerrados por falta de pruebas y mis clientes piden que se cierre la instancia administrativa».
El argumento jurídico es que esa situación de «inactividad», indefinida en el tiempo, afecta los principios de «razonabilidad y proporcionalidad de la medida cautelar arbitrariamente dispuesta».
Entre los expedientes que presentó Peña está el del comisario Pablo Orgoñez, que era comisario de la 1ra de La Plata cuando en un procedimiento sorpresivo encontraron 800 mil pesos en efectivo en la caja fuerte. El oficial quedó involucrado en la causa por la malversación de fondos destinados al pago de horas extras para custodia de edificios públicos de la capital bonaerense.
Hubo más de 10 imputados en supuestas maniobras de falsificación de firmas y en el pago de adicionales que nunca se hacían. Pero la causa judicial se archivó. Y ahora Orgoñez volvería a la actividad.
