Acusan a dos abogados de dar información falsa sobre el caso Maldonado

El fin último sería darle fundamento a una causa posterior en su contra por afectar seriamente la imagen del país en el exterior, generar enormes gastos operativos y entregar a la Justicia información no veraz

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El Gobierno solicitó a la Justicia Federal que se investigue el sospechoso accionar de los abogados Luis Fernando Cabaleiro y Carlos María González Quintana durante la investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

González Quintana, quien viajó junto a Cabaleiro a Chubut en septiembre de 2017 alegando que ambos eran representantes de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH), está sujeto a un proceso disciplinario por parte del Tribunal de Disciplina de Córdoba. Y ahora, según informó Clarín, la APDH nacional elaboró un documento donde se confirma que no integra ni ha integrado el organismo.

En el pedido, que lleva la firma del doctor Fernando Soto, representante legal del Ministerio de Seguridad, se le requiere al juez federal Gustavo Lleral que sean respondidas una serie de dudas en relación al comportamiento de los abogados.

En el Gobierno están convencidos de que ambos profesionales ofrecieron a la Justicia y organismos internacionales informes con testimonios y datos falsos que entorpecieron a la investigación, y los consideran directos responsables del documento que fue enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU en el cual se aseguraba que el artesano había sido víctima de una “desaparición forzada” por parte de Gendarmería Nacional el 1 de agosto de 2017. Para ello presentaban los testimonios de Matías Santana y del llamado Testigo E (Lucas Naiman Pilquiman) donde estos relataban que habían visto cómo golpeaban y se llevaban al tatuador desde la orilla del río Chubut.

El documento tiene como expectativa demostrar fehacientemente que los abogados actuaron por fuera de la normativa y ética que rige la profesión, generando además gastos en millones de pesos y principalmente un grave prejuicio a la imagen internacional del país. El ministerio busca determinar, por ejemplo, si «el Estado Argentino, en base a las medidas cautelares dictadas, debió llevar adelante acciones que hayan implicado erogaciones dinerarias», señala el pedido.

El Tribunal de Disciplina de Córdoba envió una notificación a la fiscal Avila en la cual se le detalla el proceso iniciado en contra de González Quintana por faltas a la profesión que saltaron a la vista en la investigación de la fiscalía: «El abogado habría efectuado afirmaciones no veraces ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y/o ante la Organización de Naciones Unidas, relatando hechos de suma gravedad que supuestamente responsabilizarían al EstadoNacional Argentino, ello en razón de la supuesta intervención en los mismo de personal dependiente de sus fuerzas de seguridad en la desaparición del sr. Santiago Andrés Maldonado. A raíz de estas manifestaciones no veraces, se aplicaron medidas cautelares de carácter internacional en contra de la República Argentina; circunstancia esta que tuvo repercusión nacional e internacional», dice. «En virtud de ello, por una unanimidad se resuelve abrir proceso disciplinario en contra del letrado», concluye.

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