By El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, respaldó este martes la decisión del juez Alejo Ramos Padilla de auditar las notas del periodista Daniel Santoro en el marco de la causa por la cual investiga al falso abogado Marcelo D’Alessio por presunta extorsión y espionaje.
El candidato avaló la decisión de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) pese a que las principales entidades como la SIP, FOPEA y ADEPA consideraron que esa medida “vulnera la libertad de prensa”.
Fernández avaló la decisión del juez Padilla de involucrar a la CPM, al considerar que “las notas eran el mecanismo de extorsión. Había metamensajes para los extorsionados”.
El candidato del kirchnerismo habló sobre la causa el domingo último, en una visita a la redacción en Córdoba del diario La Voz del Interior: primero se limitó a replicar “lo que dice el acta de procesamiento” sobre el periodista, en el sentido que “está involucrado en hechos de extorsión a un par de empresarios. Y sostuvo que parte de la extorsión se realizaba a través de sus apariciones públicas de él. Eso no tiene nada que ver con notas periodísticas. Si su pregunta es si yo creo que debe haber un control periodístico del Estado, la respuesta es no”, afirmó.
Sin embargo, aseguró que “una cosa es hacer periodismo, y otra es fingir que uno hace periodismo cuando en verdad lo que está haciendo es mandando mensajes extorsivos. Son cosas distintas. Sólo conozco los fallos que son públicos y, como soy abogado, me gusta leerlos. El juez lo está imputando de hechos de extorsión”.
Cuando se conoció la medida del magistrado de involucrar a la Comisión Provincial de la Memoria, las principales entidades periodísticas como la SIP, FOPEA y ADEPA coincidieron en opinar que la orden “constituye una clara amenaza a la tarea informativa e implica el intento de consagrar una suerte de auditoría estatal sobre el trabajo periodístico, algo que vulnera la libertad de prensa consagrada por nuestro ordenamiento legal”. “Este tipo de acciones, además de chocar contra la jurisprudencia que reserva sólo al Poder Judicial el análisis de eventuales daños causados por la prensa, busca el amedrentamiento y la autocensura de la labor periodística, debilitando su rol institucional en democracia”, sostuvo ADEPA.
