Ambicioso proyecto del Gobierno: expropiará tierras de villas y hará propietarios a sus habitantes

El proyecto de ley, que ingresará en la Cámara de Diputados «en los próximos días», es parte de un proceso que comenzó en agosto de 2016, con el relevamiento de todos los barrios

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4228: ese es el número de barrios precarios o villas que el Gobierno pretende urbanizar con su nuevo proyecto, que propone expropiar las tierras donde los asentamientos están hechos en todo el país y darles el título de propiedad a sus actuales habitantes, cerca de 3.500.000 personas.

Según informó La Nación, el objetivo es declarar de «utilidad pública y sujetas a expropiación» las viviendas dentro del Registro Nacional de Barrios Populares que, en su gran mayoría, no cuentan con título de propiedad y carecen de servicios básicos. De la totalidad de barrios ocupados o tomados, el 61% pertenecen a propietarios particulares, el 7% son provinciales, el 13% son de los municipios y otro 13% no tienen información catastral que permita determinar a sus dueños.

Del relevamiento de los barrios que comenzó en agosto de 2016, surgió que el 78,5% de los barrios populares tienen baja densidad, es decir que viven menos de 150 familias y los trazados urbanos tienden a ser regulares y planificados, mientras que en el 21,5% restante es donde está aglomerada la mayor cantidad de gente y las viviendas están construidas con materiales precarios.

Con 1656 barrios populares identificados, la provincia de Buenos Aires será el distrito más beneficiado; pero si se discrimina el conurbano -en total 30 partidos- junto con la Capital, el número alcanza 1132. Le siguen Santa Fe (333), Chaco (264), Mendoza (217) y Tucumán (186). En la otra punta aparecen La Pampa (4) y Santa Cruz (5).

En caso de aprobarse la ley, intervendrá la AABE, el organismo que administra los bienes del Estado, que deberá individualizar los inmuebles a expropiar, realizar las tasaciones e iniciar los juicios de expropiación. Pero lo más destacado es que deberá establecer «un marco regulatorio especial para la regularización dominial de las viviendas».

Una vez que se apruebe la ley, el Gobierno estaría en condiciones de emitir un certificado de propiedad, lo que les permitiría a los ocupantes de esos inmuebles fijar un domicilio. Una vez finalizado el trámite se otorgará el título de propiedad.

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