By El juicio por irregularidades en la obra pública de Santa Cruz, que tiene a la vicepresidenta Cristina Kirchner, como principal acusada, retomó su curso este lunes, con los alegatos de la defensa del también imputado en la causa, el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, quien cumplió con el cargo durante todo el periodo en el que se licitaron las más de 50 obras en favor de Lázaro Báez.
En su defensa del ex funcionario, el abogado Maximiliano Rusconi señaló que no entiende porque se analiza el segmento de la obra pública en Santa Cruz cuando “no hubo” irregularidades. “No le fue mejor a este segmento que a otro, lo dijeron testigos insospechados de tener una mirada similar a la gestión que aquí se investiga”, señaló.
Además, reafirmó que “ese testimonio no se tuvo en cuenta”. En ese sentido insistió en que “algunos medios van a decir que afirmé que no hubo corrupción en toda la obra pública, no dije eso”.
Por su parte, el letrado que lleva adelante la defensa de De Vido, planteó que el ex ministro no tenía el rol suficiente para realizar una administración fraudulenta. Ese delito, explicó “requiere un dato en el sujeto activo que es el administrado, De Vido administraba la caja chica, pero no el presupuesto nacional”.
“Con solo leer la ley de administración financiera y la constitución queda claro”, planteó el abogado, y apuntó contra los fiscales de quienes dijo que “no les gustó esta lectura”. Agregando, “Decidieron ir por el camino del relato construido artificialmente para perseguir a un sector político, de eso se trató este juicio”.
Cabe destacar que la Causa Vialidad comenzó con la denuncia de quien fue director de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, Javier Iguacel. En el marco de ese expediente, el entonces funcionario acusó a Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti, Carlos Santiago Kirchner, Lázaro Báez, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Raúl Santibañez y Abel Fatala.
A quienes acusó de ser los diseñadores de “una estructura en la provincia de Santa Cruz para el manejo fraudulento de fondos del Estado en favor de las empresas de Lázaro Báez, las que resultaran adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en dicha provincia durante los últimos 12 años”.
