By La Auditoría General de la Nación presentó un informe en el que informó que el PAMI, en 2014, dilapidó más de 300 millones de pesos sólo en el pago de los prestadores de la modalidad «cartera asignada», entre otras cosas.
En el informe que presentó el auditor Jesús Rodríguez, de Cambiemos, se desprenden algunas groseras irregularidades, como la colocación de doce Dispositivos Intrauterinos (DIU) a afiliadas de entre 63 y 87 años y la «sobreprestación o sobreindicación» de tratamientos, especialmente en casos «en los que para un afiliado internado se realizaron más de 30 tomografías en el transcurso de la internación», advierte el informe.
Además, halló casos en los que se ordenó «el pedido del mismo estudio para el mismo paciente, por fuera de la buena práctica médica y sin evidencia sobre su necesidad».
La AGN concluyó en ese marco que, dentro de la modalidad de pago por «Prestación con Cartera Asignada (PCA)», se facturaron $887.446.874,43, pero la suma total de las prestaciones transmitidas alcanzaron los $575.835.928,796. «La diferencia entre ambos importes es de 311.610.945,64 pesos», advirtió
Los auditores también encontraron «la existencia de una gran cantidad de prácticas (45,59% de lo que se analiza) que, a pesar de no existir correspondencia entre los datos transmitidos por los prestadores y la documentación respaldatoriade las prestaciones efectivamente realizadas, dicha circunstancia no afecta el importe de la facturación».
A su vez, «no aparece acreditado por el Instituto la constatación en terreno de la efectiva realización de las prácticas transmitidas por los prestadores como paso previo a prestar conformidad de las prestaciones incluidas en la facturación».
Por último, la AGN advirtió que el Servicio PAMI Escucha y Responde recibió 2.900 quejas a lo largo del año. Un 40% se referían a las demoras de los turnos y un 36% versaron sobre la atención del equipo médico.
El responsable
En titular del PAMI en ese entonces era Luciano Di Cesare, quien estuvo a cargo del organismo durante los dos mandatos de Cristina Kirchner, fue uno de los primeros funcionarios denunciados por Cambiemos tras la llegada al poder.
En marzo fue absuelto en una causa en la que había sido procesado por el juez federal Claudio Bonadío por «administración fraudulenta» a raíz de la compra del PAMI de 2.800 millones de pesos en Letras del Tesoro, pero todavía le queda un segundo juicio oral por afrontar, en la causa en la que está acusado porque un día antes de dejar el cargo cobró 1.300.000 pesos de vacaciones no gozadas cuando no le correspondía hacerlo. El caso está a cargo del Tribunal Oral Federal 7.
