By Cristina Kirchner insiste con su reclamo en la Justicia para que se le restituya una de las asignaciones especiales que percibía del Estado, después de que en 2016 la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, intimara a la ex presidenta a «optar» por una de las dos jubilaciones que percibía: la que cobra como ex jefa de Estado o la del fallecimiento de su esposo, Néstor Kirchner.
En diciembre de ese año, el Gobierno dispuso que la actual senadora de Unidad Ciudadana se quedara solo con la que cobra como ex presidenta, de $176.744 (neto), sobre la cual pesa el descuento por el impuesto a las Ganancias.
La prestación suspendida fue de $180.520 (neto), que en promedio equivalen a 12 veces el haber jubilatorio y a 23 veces la jubilación mínima.
En abril de 2017, Cristina pidió la nulidad de la resolución que suspendió el pago, sosteniendo que para ella se trata de un «ataque patrimonial proveniente directa y visiblemente del Poder Ejecutivo». Y la enmarca en la la ya clásica denuncia de persecución «política, judicial y mediática», a la cual se suma, con la decisión de suspender dicho pago. Además, avirtió que, de no conseguir una respuesta favorable, recurrirá organismos judiciales internacionales.
El beneficio vitalicio de ex presidenta le había sido otorgado también mediante una resolución de Desarrollo Social, pero cuando la titular era su cuñada Alicia Kirchner, quien lo firmó en 2015, poco antes de la salida del poder.
Desde el Estado defendieron la resolución firmada por Stanley y argumentan que tan sólo se trató de la suspensión de una norma con un «defectuoso cumplimiento».
