By A diez días de que se cumpla un año del escándalo que despertó la causa de los cuadernos, y de que tanto la fiscalía como las querellas del Gobierno solicitaran la elevación a juicio, Cristina Kirchner, la ex presidente que está acusada de encabezar una asociación ilícita que recaudaba coimas, pidió ir ya mismo a juicio oral.
El expediente incluye las causas por importación de gas licuado, recaudación ilegal de los funcionarios del ministerio de Planificación Federal a empresarios que pagaban cohecho sobre la renegociación de corredores viales, sobre los subsidios al transporte, cartelización de obra pública, lavado de activos atribuido a Daniel Muñoz y otros. Todas relacionadas con a la investigación principal del caso, en el que la ex mandataria está procesada como presunta jefa de la asociación ilícita que recaudó fondos ilegales que pagaban los empresarios para obtener contratos.
En plena campaña electoral y afrontando ante el Tribunal oral Federal 2 (TOF 2) su primer juicio por corrupción, la candidata a vicepresidenta indicó en su escrito que quiere de forma inmediata ir a juicio en la causa de los Cuadernos de las coimas, aunque señaló que «en condiciones normales, la posibilidad de que estas actuaciones pudieran ser elevadas a juicio, en términos jurídicos, resultaría absurda. Ello así, pues todo lo actuado es insanablemente nulo, al haberse vulnerado todas y cada una de las garantías previstas en la Constitución Nacional»,
Cristina está acusada como coautora de recibir dádivas y de cohecho pasivo (cobrar coimas). Cuando firmó el procesamiento, el juez determinó que el hecho de que Cristina no hubiera recibido sumas de «dinero ilegítimas en mano propia» no la exime de «responsabilidades».
En ese marco, se dio por comprobada «la existencia de una organización delictiva» planteada por la «recaudación de coimas» que comenzó con Néstor Kirchner y que «continuó durante la gestión» de la actual senadora en la Casa Rosada. Así lo confirmaron los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Para la Justicia, Cristina tuvo siempre «conocimiento del sistema de recaudación» y como principal autoridad del Ejecutivo es responsable de haber dirigido la «asociación ilícita».
Estos planteos fueron rechazados una vez más por la senadora y su abogado, acusando al fiscal y al juez de proceder de forma arbitraria. Otro de los aspectos criticados por la ex presidenta fue el uso de la figura del imputado colaborador (lo que se conoce como «arrepentido»), una pieza clave en el expediente. El abogado Carlos Beraldi lo dijo así: «Como es de público conocimiento, se realizaron detenciones arbitrarias a mansalva y se efectuó una aplicación totalmente ilegítima de la ley 27.304, la cual terminó siendo utilizada como un medio coactivo no sólo para arrancar supuestas confesiones a los imputados, sino también para manipular sus dichos, siempre en una misma dirección: imputar, como sea y por cualquier delito, a mi representada».
A su vez, la defensa puso en duda la utilización de los cuadernos escritos por Oscar Centeno -ex chofer de Roberto Baratta y primer «arrepentido» en la causa-, al manifestar que los «supuestos cuadernos nunca aparecieron y sólo obra en la causa lo que serían fotocopias de los mismos». Sigue Beraldi: «Insólitamente, el juez y el fiscal habrían tenido noticias de estos supuestos cuadernos desde marzo del año 2018 y pese a tratarse de una prueba básica, recién fueron a buscarla cinco meses más tarde -junto con Oscar Centeno-, cuando el proceso había tomado estado público».
Centeno, quien pidió ser sobreseído en este expediente, confesó ante la Fiscalía que quemó en una parrilla los cuadernos, «no obstante lo cual pasó a ser considerado por los instructores como un importante colaborador en la búsqueda de la verdad», sostiene el escrito de la ex Presidenta.
