Diputados le dio media sanción al proyecto de «Emergencia Tarifaria»

Con 133 votos afirmativos, 94 negativos y tan solo 3 abstenciones, la medida será girada al Senado para su tratamiento

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Tras más de 11 horas de debate, la cámara de Diputados aprobó el proyecto de la oposición denominado de «Emergencia Tarifaria», que busca retrotraer las tarifas a noviembre de 2017 y subordinar los aumentos en las facturas de luz y gas a la evolución de los salarios para los hogares y al índice de precios mayoristas del INDEC para las PyMes.

Luego de que se aprobaran las leyes de Financiamiento Productivo y de Defensa de la Competencia, la cámara baja comenzó a tratar el proyecto de “Emergencia Tarifaria”, en la sesión especial que fue solicitada por la oposición, donde las acusaciones cruzadas entre el oficialismo y el arco opositor marcaron el ritmo de la jornada.

“El congelamiento de las tarifas nos dejó sin energía, sin dólares en la balanza comercial, sin reservas, y con una bola de subsidios dilapidados sin discriminación de clase social, tipo de empresa o actividad. Mientras los más ricos pagaban tarifas de regalo, los más vulnerables pagaban garrafas a precio internacional”, aseguró Luciano Laspina, presidente de la comisión de Presupuesto.

 

Hubo modificaciones en el artículo 2, que establecía que para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y para las Cooperativas de Trabajo de Fábricas o Empresas Recuperadas el aumento anual debía ser gradual, sustentable y no excediera el Índice de Precios Internos al Mayor (IPIM) publicado por el Instituto de Estadística y Censos (INDEC) acumulado desde tres meses anteriores a la fecha de vigencia de la última actualización tarifaria hasta los tres meses anteriores a la aplicación de la nueva tarifa. Las tarifas tendrían una estabilidad mínima de nueve meses. Ahora, para el 2018 y 2019 deben aumentar para usuarios y consumidores residenciales sin exceder el Coeficiente de Variación Salarial.

Además, se eliminó la quita del IVA, que en el dictamen original estaba en los artículos 6 y 8. Este era el punto que más incomodaba al Gobierno, porque alegaba que desfinanciaba al Estado y por ende a las provincias, que cobran de esa recaudación por coparticipación. Algunos gobernadores peronistas habían declarado en sintonía con el Ejecutivo, lo cual fue el último incentivo para que el artículo se removiera.

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