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El fiscal pidió una pena de 12 años de cárcel para Lázaro Báez y una multa de $2000 millones

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El fiscal Abel Córdoba pidió este jueves condenar a 12 años de prisión a Lázaro Báez en la principal causa por lavado de dinero, conocida como «La ruta del dinero K». También demandó imponerle una multa de ocho veces el monto de las operaciones atribuidas, equivalente a más de 2000 millones de pesos.

El fiscal pidió, además, 9 años de prisión para el hijo mayor de Báez, Martín; cinco años para Leandro Báez; y cuatro años y seis meses para Melina y Luciana Báez.

También pidió condenas de prisión ocho años para el abogado Jorge Chueco, lo mismo para Daniel Pérez Gadín, cuatro años y seis meses para el financista Federico Elaskar, y cinco años para el financista e imputado colaborador Leonardo Fariña.

Todos ellos fueron acusados como coautores del delito de lavado de al menos 50 millones de dólares, llevado a cabo entre 2010 y 2013, a través de una estructura bancaria jurídica y societaria, que realizó operaciones para expatriar y simular la licitud del dinero.

El fiscal pidió la absolución de los acusados Mario Acevedo Fernández, Santiago Carradori, Jorge Cerrota, Alejandro Ons Costa, Christian Delli Quadri, Juan Ignacio Pisano Costa, Eduardo Larrea y Sebastián Pérez Gadín.

El fiscal expuso su alegato a lo largo de tres audiencias que se llevaron adelante vía Zoom. Ni Lázaro Báez ni su hijo Martín escucharon la exposición. El Tribunal Oral Federal 4, a cargo de este proceso, está integrado por los jueces Néstor Costabel, Adriana Palliotti y Gabriela López Iñiguez.

«La investigación llegó a juicio con un enorme cúmulo de pruebas. La maniobra contenida en los hechos de lavado abarca los US$ 54.872.866», dijo el fiscal.

«La fortuna se explica en las maniobras de la obra pública y la evasión impositiva. Para esta fiscalía, en la actualidad, los pronunciamientos judiciales que se desarrollaron en esas causas dan por acreditado ese tipo penal», dijo al comienzo de su exposición. Las querellas también señalaron como delitos precedentes a las maniobras de favorecimiento a Lázaro Báez mediante la asignación de contratos de obras públicas en Santa Cruz, que generó ganancias ilícitas, así como también la evasión impositiva mediante la simulación de gastos con facturas apócrifas.