By El gobierno de Santa Fe intervino este jueves el puerto de Reconquista, que manejaba la agroexportadora Vicentín, sospechada por la administración de Omar Perotti de supuestas irregularidades en el manejo de la terminal que -de acuerdo a un informe- está paralizada desde 2004.
Esta decisión de Perotti se tradujo en la publicación en el Boletín Oficial el lunes pasado del decreto 574/20, a través del cual intervino por 180 días el Ente Portuario Puerto Reconquista, sobre la base de un informe que señala que una de las terminales está inactiva desde 2004.
En ese decreto el gobernador designó a Martín Deltin a cargo de la intervención, quien elevó el 14 de febrero pasado,un informe crítico sobre la situación actual del puerto, que no tiene operatoria.
En el decreto, el gobierno recuerda que la concesión de una parte del puerto está en manos desde 1999 de la firma Ríos del Norte SA, conformada por Vicentin SAIC y Buyatti SAICA.
La decisión de Perotti se enmarca en la avanzada del Gobierno sobre la empresa y la conflictiva convocatoria de acreedores, a la que recurrió la agroexportadora el 10 de febrero pasado, con un pasivo de 99.000 millones de pesos y una nómina de 2600 acreedores.
Esta semana el gobierno nacional y los directivos de Vicentin se cruzaron en duros términos en el marco del expediente judicial que lleva adelante el juez de Reconquista Fabián Lorenzini, luego de que el subinterventor Luciano Zarich rechazara con fuertes críticas el fallo del magistrado que restituyó a los directivos el control de la agroexportadora, con profundos cuestionamientos a la conducción de la compañía.
Vicentin, por su parte, cuestionó el plan que presentó el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien introdujo «sospechas e imputaciones sumamente injuriantes e incluso algunas calumniosas sin aportar una sola prueba y sin haber formulado una sola denuncia».
En medio de esta tensión por el futuro de la empresa se conoció el decreto de la intervención del ente portuario, manejado por la empresa Vicentin.
El informe elaborado por el interventor del gobierno señala que «la Terminal A, espacio operativo de cargas y almacenamiento de granos y aceites, está inactiva y sin operaciones desde el año 2004». Esa situación configura, de acuerdo al documento, «un claro incumplimiento de la concesionaria de la citada terminal de no garantizar una carga mínima de la principal obligación contractual».
Además, «conlleva responsabilidades de las autoridades del EAPRe en la explotación del puerto comercial como tal, y concurre, cuanto menos en negligencia o abandono de sus funciones de contralor».
