El Gobierno evalúa derogar el decreto de Macri para expulsar extranjeros que cometen delitos

La iniciativa se da en el marco de la revisión que realizan las nuevas autoridades sobre las principales medidas adoptadas por el macrismo

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La iniciativa es un reclamo concreto que le hicieron al presidente distintos organismos de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de migrantes.

El documento presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, Amnistía Internacional y decenas de organizaciones solicita que se derogue el decreto «de forma urgente», entre otras medidas «para preservar los derechos de las personas migrantes».

Bajo el título «Agenda Migrante para 2020», el texto pide que que se garantice el derecho a migrar, la «igualdad de derechos entre nacionales y migrantes», como prevé la Constitución; y que se generen las condiciones para la regularización de las personas provenientes de Estados no parte del Mercosur.

En 2017, el endurecimiento de los controles migratorios de la gestión macrista desató la polémica y fuertes críticas al ex Presidente. En la práctica, se produjo un incremento sostenido en la cantidad de inmigrantes deportados de la Argentina: según el informe final de la gestión anterior, en el período 2016-2019 hubo 3 mil expulsiones, un 100% más en relación al período 2011-2015, pese a que su implementación se vio demorada en la Justicia.

Fuentes del Gobierno aseguraron a Clarín: «Estamos revisando el decreto, evaluando la posibilidad de derogarlo». Todavía, aclaran, no hay una decisión tomada por el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, al respecto.

Las razones son similares a las que planteó el kirchnerismo desde la oposición, cuando cuestionó la iniciativa por considerar que tenía ribetes xenófobos, vulneraba el derecho de los extranjeros; e implicaba un avance en la potestad del Ejecutivo al legislar en materia penal, algo prohibido por la Constitución Nacional.

Entre otros puntos, el decreto establece un «Procedimiento Migratorio Especial Sumarísimo» que agiliza la expulsión de extranjeros que delinquen, acotando los plazos de la vía administrativa; y prohíbe el ingreso de inmigrantes con antecedentes –tanto en Argentina como el exterior- «por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad».

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