El Gobierno les ofreció un aumento a las organizaciones sociales, pero no hubo acuerdo

«Entendemos que tengan que ser más duros ante los medios, lo hacen también para calmar los reclamos de su propia gente», opinaron desde el ministerio sobre el rechazo de las organizaciones sociales.

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Este miércoles, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, se reunió con las organizaciones Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que reclamaban un pago de emergencia de 3.000 pesos a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Sin embargo, la reunión fracasó: los referentes de los movimientos sociales renovaron la amenaza de nuevas protestas si las buenas intenciones del Gobierno no se transforman en «hechos concretos» en las próximas semanas.

El Gobierno ofreció una recomposición de los planes, que suman unos 400.000 en todo el país y que que el próximo mes subirán a $5.000, la mitad del salario mínimo, vital y móvil. Terminaría en diciembre en $.6000, un 10% de aumento respecto del cronograma actual. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que en estos días estuvo en comunicación permanente con Stanley, convocaría al consejo del salario próximamente.

«Hay una coyuntura que se ha agravado en todos los merenderos y comederos. Le dijimos que tenemos necesidades urgentes, y lo que nos ofrecieron es insuficiente», afirmó Juan Carlos Alderete, de la CCC, al término de la reunión

«Les planteamos un panorama, nos ofrecieron un aumento escalonado de $500 en planes de empleo, no es serio», agregó Marianela Navarro, del FOL, que fue más allá. «La semana que viene vamos a ir a la puerta de los supermercados», amenazó la dirigente.

Desde el Gobierno, en cambio, la visión fue otra: cerca de la ministra confirmaron que el bono de $3000 «nunca estuvo en los planes» del ministerio, y aclararon que el aumento de $500 en los planes sociales se daría en dos cuotas, a partir del mes próximo. La ayuda alcanzaría únicamente al medio millón de personas que reciben ese auxilio y excluiría a los beneficiarios de la asignación universal por hijo (8 millones de personas, aproximadamente).

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