By El Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián de Sousa, quedó este jueves más cerca de recuperar el control de la petrolera Oil Combustibles y de todos los activos debido a que más del 95% de todos sus acreedores, entre ellos bancos, siderúrgicas, petroleras, entes privados y públicos como la AFIP, aceptaron las propuestas de pago de las deudas.
Ante la Justicia Comercial que lleva adelante la quiebra, fue presentado un escrito para que se reconozca el «avenimiento» a fin de que se declare concluido el proceso.
El pedido del abogado de Oil Combustibles, Eduardo Favier Dubois, sostiene: «Al día de la fecha, Oil Combustibles, entre conformidades ya agregadas y nuevas, ha presentado conformidades expresas de sus acreedores que representan 95,90% del pasivo verificado o declarado admisible en el proceso de quiebra. Estima esta parte que, con la presentación complementaria, serán presentadas conformidades que elevarán el porcentaje a 99,95 % del pasivo verificado o declarado admisible en el proceso de quiebra».
Entre los acreedores que aceptaron las ofertas de pago de sus deudas se destacan Tecpetrol, de Techint; Pampa Energía; Chevron; Axion Energy; Compañía General de Combustibles; Vista Oil and Gas; y Transportadora Gas del Norte (TGN), Shell, los bancos Nación y Macro, y sindicatos como el SUPEH y el de Trabajadores de Petróleo, Gas y de los Combustibles de Origen Vegetal de Santa Fe.
También, en un anexo del documento elevado al tribunal, Oil Combustibles resaltó que junto a AFIP y otros organismos públicos, aceptaron también Acindar; Albanesi; Antares Naviera; Bio Ledesma; Central Argentina Internacional; Edesur; Litoral Gas y Merck, varios municipios y las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Río Negro, Santiago del Estero y Salta.
En el escrito se resalta que, con relación al acreedor de mayor relevancia, la Administración Federal de Ingresos Públicos aceptó “tras rigurosos análisis técnicos sobre la procedencia de la solicitud, luego de que mi mandante satisficiera todos los presupuestos sustanciales y formales que fueran impuestas a la luz de su interpretación de la normativa aplicable; y una vez que mediaron dictámenes relativos a que en la percepción del pago de su crédito radicaba la conveniencia del interés público”. Pero resalta que de todos modos quedó “condicionado a que se obtuviera una sentencia a dicho fin en o con anterioridad al 26 de julio”.
En el documento en el que se pide la recuperación por parte de De Sousa y López, se advierte que las compañías sobre las que ostenta participación accionaria directa o indirecta han facturado en los últimos 12 meses alrededor de $17.500 millones, poseen activos por más de $30.000 millones, emplean de manera directa a más de 3.000 personas y generan empleo indirecto que alcanza a más de 10.000 familias. “Son todas las empresas resultan líderes en su rubro, resultando cada una de ellas un agente económico esencial en el mercado en el que participan activamente”, asegura.
En el documento elevado a la jueza Casazza, se solicita: “Tenga por peticionada formalmente la conclusión de la quiebra por avenimiento y se agregue la documental acompañada. Se corra traslado de la misma a la presente a la sindicatura y al Comité de Control a los efectos de que se pronuncien sobre la conclusión pedida y sin perjuicio de la opinión adicional que les pudiere corresponder sobre las conformidades posteriores”.
En el petitorio, los responsables del Grupo Indalo destacaron que la extinción del proceso de quiebra les permitiría recobrar la explotación del “menoscabado giro empresarial, para sanearlo y relanzarlo, lo que está alineado con sus derechos constitucionales de libertad de empresa y de propiedad, y es también beneficioso para la sociedad en su conjunto”.
