By El senador Martín Doñate (Frente de Todos) volvió a convocar a una reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal con el fin de dar ingreso a varios pedidos de juicio político y avanzar con las solicitudes de informes remitidas al procurador interino Eduardo Casal para determinar cómo se aplicaron (o no) sanciones disciplinarias, las designaciones y vacantes y también auditar el presupuesto y administración en su gestión.
Entre los casos a los que apuntan está el del fiscal Carlos Stornelli y el reclamo sobre el momento en que finalmente declaró en la causa de Dolores por supuesto espionaje ilegal y más reciente el sumario iniciado a la fiscal Graciela Boquin que investiga la causa del Correo Argentino que involucra a la familia Macri.
En la sesión anterior se pidió información a Casal, quien argumentó no poder responder ante la falta de personal con que cuenta por el COVID-19. Además se iniciará una ronda de exposiciones con representantes de ONG que denunciaron a Casal: la abogada Natalia Salvo, representante del empresario Pedro Etchebest que denunció por espionaje a Marcelo D’Alessio y a Stornelli; el presidente de la Asociación civil Nace un Derecho, Hernán Mirasole; el presidente de ADEJUDD, Gastón Carrere y Rodolfo Parisi, miembro de la misma asociación.
“Casal fue parte del esquema basal de persecución”, sostuvo Doñate el viernes mientras se incrementaba la presión sobre Casal con una denuncia de la agrupación Justicia Legítima que, a través de un comunicado, cuestionó “las actitudes de tinte persecutorio, desarrolladas por el procurador interino Casal contra la fiscal Gabriela Boquín quien, en ejercicio de sus funciones de defensa de los intereses públicos, se ha opuesto con valentía republicana que honra a su cargo, a la concreción de negociados de empresas vinculadas con el ex presidente Mauricio Macri”.
Bajo la presidencia del senador rionegrino que responde al kirchnerismo, se tomó la decisión política de auscultar el desempeño de Casal quien quedó en lugar de Alejandra Gils Carbó. La renuncia de la actual directora de la carrera de Derecho en el Instituto Universitario Madres de Plaza de Mayo también fue apurada por el gobierno de Mauricio Macri pero Gils Carbó se negó y recién dio un paso al costado tras una denuncia judicial.
Ahora el actual gobierno busca reemplazar a Casal pero, ante las dificultades por conseguir los dos tercios de los votos requeridos en el Senado a favor del juez Daniel Rafecas, evalúa el nombre de Víctor Abramovich, académico especializado en Derechos Humanos que acompañó a Gils Carbó en la Procuración y ex director del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).
Dos semanas atrás la Bicameral terminó de designar a sus autoridades. El diputado Emiliano Yacobitti (UCR) fue elegido vicepresidente y el diputado Ricardo Daives (FdT), como secretario. La demora en la conformación se atribuyó a diferencias en Juntos por el Cambio, fuerza que debatía si darle el lugar a un diputado o a un senador.
Dieciséis son los integrantes de la comisión, ocho por cada cámara. La mayoría corresponde al Frente de Todos, que no tuvo dificultades en avanzar con los proyectos presentados por tres legisladoras oficialistas. Cuando Doñate las sometió a votación, Juntos por el Cambio no defendió a Casal pero tampoco sus legisladores levantaron la mano a favor de la auditoría.
Respecto a las designaciones, también reclamaron explicaciones sobre subrogancias, concursos, vacantes, por qué en algunos casos se designó secretarios y no fiscales o por qué en lugar de fiscales se subrogó con fiscales jubilados o incluso por qué hay fiscalías sin cubrir.
Además se definió una auditoría presupuestaria y administrativa sobre los ejercicios 2018 y 2019. En el Frente de Todos aseguraron que hay “diferencias entre el dictamen del Procurador y el de la Defensora Stella Maris Martínez” enviados a la Bicameral.
“El Procurador simplemente comenta cómo funciona cada fiscalía, no habla del Presupuesto”, justificó la decisión una importante voz de la Comisión que destacó que el presupuesto aumentó de $ 3900 millones a 9000 millones mientras que la Defensoría aumentó menos aún cuando en el 2017 tenían presupuestos similares.
Los tres planteos partieron del círculo más cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la diputada Vanesa Siley y las senadoras Ana Almirón y María de los Angeles Sacnun, aunque también se avanzó con un pedido de informes propuesto por la radical Silvia Elías de Pérez respecto al funcionamiento de las fiscalías federales en Tucumán, su provincia. Doñate, Sacnun y Siley fueron tres de los senadores que acompañaron el miércoles pasado al Presidente en la presentación del proyecto de ley de reforma de la Justicia.
La Bicameral pretende trabajar en conjunto con la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación y también con la comisión revisora de cuentas del Congreso.
De todos modos Casal ya avisó públicamente: “Yo no tengo pensado renunciar”.
