By El acto y el corte de cinta se hicieron, pero los permisos no están: el sindicato de Hugo Moyano compró en 2005 el quebrado Sanatorio Ant{artida, ubicado en Acoytey Rivadavia, anunció su inauguración en 2009 y ahora, después del acto «de apertura» con presencia de autoridades nacionales y porteñas que organizó hace tres meses, el edificio sigue en obra y está tapiado. Los trámites, que suelen llevar más de un año, aún no fueron iniciados.
El 9 de enero, con invitados como el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca; el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli y el titular de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), Sandro Taricco, el jefe de Camioneros cortó la cinta y dió un tour por las salas con los arquitectos de la obra. Pero el centro médico sigue sin estar habilitado para funcionar.
Hoy, según informó La Nación, la entrada principal al edificio está tapiada, con carteles de obra, y el ingreso para ambulancias de la calle Rosario sólo es atravesado por los obreros de overol.
Para funcionar, los sanatorios privados deben pedir autorización a la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad de Buenos Aires; al Ministerio de Salud nacional, que supervisa y brinda habilitación sanitaria; y al Registro Catastral del Ministerio de Desarrollo Urbano: todos informaron que, hasta el momento, no recibieron solicitudes de habilitación para el Sanatorio Antártida.
Este mes, la diputada nacional Graciela Ocaña (Cambiemos) amplió la denuncia que radicó el año pasado contra Hugo Moyano y su esposa, Lilian Zulet, por el supuesto desvío de fondos pertenecientes a la Obra Social de los Choferes de Camiones (Oschoca) a empresas vinculadas a la familia Moyano, entre las que se encuentra Aconra SA, la constructora que lleva adelante las obras de refacción del Sanatorio Antártida, que fue adquirido por 10 millones de pesos y luego transferido al sindicato de Camioneros por 334 millones.
La Unidad de Información Financiera (UIF) denunció «irregularidades en la administración de los recursos» dentro de la empresa, con operaciones por más de $200 millones entre esa compañía, junto con otras dos de la familia Moyano, y el Sindicato de Camioneros.
