El Senado firmó el dictamen para tratar la ley de cupo laboral travesti y trans

La normativa que establece que al menos el 1% de la dotación de la administración pública provenga de ese colectivo podrá ser tratada a partir de la semana que viene

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El Senado firmó este jueves el dictamen a favor del proyecto de ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis y trans, que garantiza un cupo no inferior al 1% de total del personal en organismos del Estado. Ahora, quedó en condiciones de ser convertido en ley durante la sesión de la semana próxima.

El proyecto que lleva como nombre “Diana Sacayán- Lohana Berkins”, en homenaje a dos activistas del colectivo trans víctimas de travesticidios, ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y recibió ayer el aval en un plenario remoto de las comisiones de Banca de la Mujer y Trabajo y Previsión Social del Senado.

La iniciativa estipula que las personas pertenecientes al colectivo travesti-trans deberán tener la posibilidad de ingresar a un puesto de trabajo a pesar de que no hayan completado los ciclos de formación educativa, aunque se exige como condición que se retomen y finalicen esos estudios.

El proyecto también contempla que las «contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la presente ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales», beneficio que se extiende a un año o dos (dependiendo del tamaño de la empresa).

Además, establece el acceso a créditos en el Banco Nación con tasa preferencial para el financiamiento de proyectos productivos de personas de este colectivo, garantizando capacitación para el acceso al beneficio.

Por otra parte, no se tendrán en cuenta los antecedentes contravencionales para el ingreso al trabajo, así como tampoco los antecedentes penales que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral, teniendo en cuenta la particular situación de vulnerabilidad de estas personas.

Sobre este último punto, la opositora Guadalupe Tagliaferri (Juntos por el Cambio-CABA) solicitó que “se pueda lograr una mejor redacción del artículo 7”.

“No que se elimine o se exija un nivel de cero antecedentes contravencionales y penales, porque sabemos que este colectivo está sometido por la discriminación y la expulsión a tener este tipo de situaciones y no podemos ser un condicionante, pero sí es una redacción difícil de explicar», sostuvo Tagliaferri, mientras que Gladys González, la otra senadora del PRO que intervino en el plenario, también anticipó que acompañará el proyecto.

En ese momento, Sacnun le respondió: “No debemos olvidarnos que nosotros constitucionalmente tenemos un principio que es el de la resocialización de aquellos que también han tenido antecedentes penales, que han sido condenado. Tengamos en cuenta que debemos ir hacia la armonización de derechos”.

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