La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, sumó un nuevo escándalo al ya curioso proceso, que el propio magistrado se encargó de desgastar y entorpecer. Se trata de una causa donde se investiga al supremo juez santafesino por ser el presunto benefactor de una red de entregas de dinero ilegal que partían de «determinados funcionarios» de la administración municipal que encabezaba el ex intendente de Santa Fe Martín Balbarrey (período 2003-2007) y que llegaban a los bolsillos del ahora presidente del Máximo Tribunal. Un chofer incluso declaró ante el juez federal Rodríguez haberle llevado sobres con dinero de manera regular al entonces intendente Rosatti.
El hoy presidente de la Corte se preocupó de que el expediente no avanzara y, por ello, en lugar de dejar que la Justicia investigue, se movió desde el primer momento con recusaciones a los jueces que lo investigan. Su primer ataque fue recusar al juez Rodríguez, pero la Cámara Federal le rechazó el planteo y mantuvo al magistrado al frente de la investigación. Acto seguido, Rosatti fue a Casación y fue allí donde comienzan los rumores que salpican no sólo al titular del Máximo Tribunal, sino también a un puñado de integrantes del máximo tribunal penal del país.
En Casación consiguió un primer guiño por parte del fiscal Raúl Pleé, muy cercano a Daniel Angelici, e hincha de Boca Juniros, como el propio juez Rosatti. Pero luego esta luz verde también la dieron dos integrantes de la Sala I de CasacióN los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. Según afirmaron dos fuentes de la propia Cámara de Casación, en Comodoro Py los acusan de haber recibido contratos especiales por parte de Rosatti a cambio de fallar en favor de la recusación. Quien se opuso al pedido de Rosatti usando duros términos fue la tercera integrante de la Sala, Ana María Figueroa.
Sin embargo, la postura de Figueroa está a punto de cambiar. Rosatti invitó a la jueza a una reunión de presidentes de las Cámaras, se tomaron una fotografía juntos y abrieron canales para un diálogo más amigable. «A ella también le prometió contratos», aseguran en Comodoro Py.
La razón de este presunto ofrecimiento es que la Sala I ahora debe dictar sentencia nuevamente en el caso Rosatti. La Sala, según supo en exclusiva Alerta 140, tiene planeado fallar entre la primera y la segunda semana de octubre, luego que la Cámara de Rosario confirmara su pedido de que Rosatti sea investigado por la Justicia.
«Los contratos de la Corte no los define una única persona; son parte de la rosca y las negociaciones», comentó una fuente judicial a este medio, y aclaró: «Estos contratos no salen a sola firma de Rosatti, seguro que hay otros dedos que se mancharon ahí, el tema es saber de quiénes son».
Para otras voces de peso en la Justicia, el enojo con Rosatti va más allá de los resultados que obtenga en su intento por entorpecer la investigación. «Es tragicómico que quien quiera participar en una reforma judicial esté usando el poder que tiene para evitar que lo investiguen».