Judiciales

Fiscales de Latinoamérica criticaron la “indebida injerencia” de Alberto Fernández contra Diego Luciani y Sergio Mola

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Tras los dichos públicos del presidente, Alberto Fernández, que cuestionó a la Justicia en defensa de Cristina Kirchner, la Federación Latinoamericana de Fiscales cuestionó su “injerencia indebida” en la causa Vialidad.

A partir de las críticas del mandatario contra los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes este lunes pidieron 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para la Vicepresidenta, a la que acusaron de comandar una asociación ilícita que defraudó al Estado direccionando obras públicas viales en favor de Lázaro Báez.

La entidad, que nuclea a fiscales de once países de la región, enfatizó que “la independencia e imparcialidad de los fiscales es una obligación de la República”, además advirtió que las expresiones del Presidente “ponen en tensión los principios de un Estado de Derecho, constituyendo una injerencia indebida en la tarea judicial, máxime que el Poder Ejecutivo, es el encargado de asegurar la integridad física de los fiscales, su familia, y colaboradores”.

“Hemos observado que, el Señor Presidente de la Nación Argentina, durante el juicio oral y público, después que los fiscales realizaran su alegato, emitió un comunicado oficial, en donde sostuvo que ‘el gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la Vicepresidenta que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad adoptando la condición de parte, aún antes de la participación de las defensas y desacreditando irregularmente las manifestaciones del Ministerio Publico Fiscal”, sostiene el comunicado de la entidad.

La Federación viene reiterando su “profunda preocupación” por los “ataques a las investigaciones judiciales” que se suceden en la región, cada vez que “se realizaron imputaciones a personas con alta trascendencia social o a integrantes de los cuadros superiores de organizaciones transnacionales delictivas”.

En ese sentido, señaló que los ataques pretenden “desacreditar o amedrentar la persona de los operadores, en especial a los fiscales”.