By El empresario y nuevo protesorero de San Lorenzo, Carlos Maximiliano Rosales, quedó en el ojo de la tormenta luego de que un socio lo denunciara en la justicia federal por una estafa multimillonaria.
Carlos Rosales es uno de los principales colaboradores de Tinelli en el club y, a su vez, conduce el grupo asegurador PROF, de vertiginoso crecimiento en el último año, y que también estuvo involucrado en un fallido intento de compra del grupo Indalo, que terminó en escándalo.
La causa recayó en el juzgado del juez federal Rodolfo Canicoba Corral y se lo acusa a Rosales de estafa, defraudación por administración fraudulenta y falsificación de documentos públicos. Además, se le reclaman 220 millones de pesos.
La denuncia fue llevada a cabo por el abogado Santiago Blanco Bermúdez, quien convocó al empresario Alberto Castro a principios del 2017 para hacer un aporte de capital de 12 millones de dólares al grupo asegurador PROF. Según consta en la denuncia, Rosales llamó a Castro aludiendo una difícil situación financiera de la aseguradora. En ese momento, la Superintendencia de Seguros de la Nación había detectado un déficit de capitales mínimos de casi 300 millones de pesos, lo que ponía en peligro la solvencia de la empresa y su funcionamiento.
El «garante» de la inversión
Rosales echó mano entonces a su vínculo con Castro, a quien había conocido a través del poderoso farmacéutico Claudio Di Meglio. Con ese «garante» de por medio, no hubo problemas para llevar a cabo la operación. «No era muy rentable, pero significaba entrar en un nuevo negocio, el de los seguros», afirmó Castro en su denuncia.
Para cumplir su compromiso, el aporte se realizó en dos tramos. El primero, a mediados de octubre de 2017, con la transferencia a PROF de un inmueble en Gualeguay, por valor de 142.900.000 pesos. A fines de ese mismo mes, Castro cedió otras seis propiedades, por un total de 75.470.000 pesos. Sumadas ambas cosas, la cifra final se elevó a $ 218.370.000 (unos 12 millones de dólares, según la cotización de entonces de la moneda norteamericana).
A cambio de su desembolso, y a partir del acuerdo con Rosales, Castro iba a involucrarse de lleno en la gestión de la empresa para mejorar su explotación comercial, cosa que finalmente no sucedió.
De acuerdo con la denuncia, que recayó en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, las diferencias entre Rosales y Castro escalaron rápidamente, con fuertes discusiones de por medio. En particular, por el manejo del área de Legales de la empresa.
Castro había logrado desplazar a la gerencia, según sus palabras, sospechada de “inflar” las liquidaciones, quedándose con la diferencia entre lo que correspondía pagar por el siniestro y lo que efectivamente salía de la aseguradora.
En reemplazo, Rosales propuso a su hermano Diego Rosales como nuevo gerente. Castro aceptó, pero otra vez empezaron los problemas: “Me había llegado información que él (Diego) también estaba llevando a cabo manejos espurios de las liquidaciones de los seguros”.
Las discusiones eran cada vez más habituales. Quien había aportado más de 12 millones de dólares a la compañía, ahora cuestionaba (desde adentro) los manejos “fraudulentos” del entorno de Rosales.
Así fue hasta el 3 de noviembre, cuando el hombre cercano a Tinelli le informó a su fugaz socio que el acuerdo había terminado y que él mismo se iba a hacer cargo de la conducción de la empresa.
Castro recibió explicaciones insólitas. Por ejemplo, que la decisión había sido tomada en una reunión del Consejo de Administración celebrada el propio 30 de octubre, es decir, el mismo día en el que el empresario había hecho su segundo desembolso, para completar los más de 200 millones de pesos.
Para sellar su salida, Rosales le entregó 30 láminas representativas de los títulos cooperativos de capitalización, por un valor de U$ 222.000 cada uno. Es decir, algo más de seis millones y medio de dólares, la mitad del aporte que había realizado Castro.
Castro tomó los papeles y se fue de la sede de PROF. “De haber continuado la discusión con Rosales, la situación hubiera derivado en agresiones físicas”, aseguró.
“Todo fue armado para desplazarme y para estafarme”, insistió Castro en su denuncia, en la que además pidió una medida cautelar que no afecte el normal funcionamiento de PROF, pero que salvaguarde los inmuebles que él mismo aportó.
