Inhibieron a Daniel Scioli en $189 millones por irregularidades en la obra pública

El fiscal Garganta investiga presuntos hechos de corrupción en la construcción de nueve UPAs durante la gestión del ex gobernador

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La justicia penal de La Plata inhibió este miércoles al ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, a su ex ministro de Salud, Alejandro Collia, y al empresario Ricardo Miller por más de 189 millones de pesos, en el marco de la causa en la que se los investiga por irregularidades en la contratación de obra pública, por la construcción de las Unidades de Pronta Atención (UPA) .

La medida la tomó la jueza de Garantías Marcela Garmendia, ante un pedido del fiscal penal Alvaro Garganta. El ahora diputado nacional también tendrá que notificar a la justicia cada vez que quiera salir del país.

El fiscal Garganta investiga presuntos hechos de corrupción en la construcción de nueve UPAs durante la gestión de Scioli. Se busca determinar si favoreció al empresario Ricardo Estanislao Miller en la construcción de esos establecimientos.

En la resolución, Garmendia sostuvo que el Código Penal establece que el magistrado podrá desde «el inicio de las actuaciones» adoptar las medidas cautelares de índole patrimonial que considere necesarias para «hacer cesar la comisión del delito o sus efectos, o a evitar que se consolide su provecho o a obstaculizar la impunidad de sus partícipes».

Scioli está acusado de los delitos de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública en concurso con tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes del funcionario público, por haber beneficiado a la constructora Miller Building International SA, la empresa que construyó las UPA con fondos públicos provinciales.

Además, se investiga si al mismo tiempo la constructora tenía negocios privados con Scioli, ya que le alquilaba un predio en Villa La Ñata, Tigre, para montar un emprendimiento hotelero.

En su indagatoria, el ex gobernador Scioli declaró no haber recibido «nunca dádivas de ninguna persona» y sostuvo que «todas las contrataciones» durante su gestión fueron realizadas «en el marco de la normativa vigente, con el aval y la conformidad de todos los organismos de la Constitución y la posterior aprobación por parte del Tribunal de Cuentas, quienes confirmaron su regularidad».

En su escrito, Scioli también negó que se haya «alterado» el procedimiento administrativo del Ministerio de Salud para la provisión de las UPAs en procura de «beneficiar a un proveedor determinado» y planteó que «es totalmente falsa» su supuesta «relación especial con uno de los proveedores».

Entonces, consideró que Miller «accedió a menos del 1% de las obras públicas, licitadas todas mediante concursos públicos y transparentes y según la ley aplicable a cada caso».

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