By Ahora más que nunca, José López está deseando haberse dejado una bolsita de dólares en el fondo del placard en vez de andar tirándolo sobre el muro de un convento: el ex secretario de Obras Públicas se quedó sin dinero para pagar honorarios de abogados particulares.
Los abogados Fernando García y Diego Sánchez, que acompañaron a José López en todo su periplo judicial desde que fue detenido in fraganti en junio de 2016, decidieron renunciar a su defensa dias atrás, y ahora el ex funcionario tiene que encontrar quien trabaje ad honorem.
En su estrategia, sus abogados buscaron transitar la etapa de instrucción de la causa por enriquecimiento ilícito -el expediente que más lo complica- sin dilaciones. Es decir, sin demorar el proceso con recursos y pedidos, para poder pasar a la etapa de juicio oral lo antes posible.
Cuando la causa fue elevada a un tribunal oral, los letrados pidieron reforzar su plan de trabajo. Buscaron ampliar el equipo de abogados y hacer planteos que no se habían hecho en la etapa de instrucción, y pedir pericias y pruebas suplementarias para intentar salvar su situación, pero López no pudo afrontar los honorarios necesarios para sostener ese plan de acción.
Los abogados renunciaron tanto a la causa por enriquecimiento ilícito (que será juzgada en el TOF N°1) como a la de la obra pública (del TOF N°2), que investiga el direccionamiento de contratos a favor de Lázaro Báez.
¿Quién se ha tomado todo el vino?
No es que López no tenga con qué pagar, sino que casi todo lo que tiene está embargado.
En la causa por enriquecimiento ilícito, el juez Daniel Rafecas y el fiscal Federico Delgado le embargaron la casa de Dique Luján (una propiedad que el exfuncionario alquilaba a un proveedor de la provincia pero que para la Justicia se trataba de una operación simulada para esconder patrimonio); el departamento de la avenida Las Heras, en Capital Federal, alquilado por su hija a otro contratista del Estado; todas sus cuentas bancarias y el cash con el que encaró el raid hacia el convento.
Solo quedó fuera del embargo la empresa La Araceliti SA, dedicada a la explotación de caña de azúcar en Tucumán, pero se estima que esa firma quedó bajo tutela de su esposa, María Amalia Díaz, con quien López se distanció, según distintas fuentes judiciales y de su entorno.
A pesar de haber renunciado a las principales causas, los abogados de López decidieron continuar trabajando en un remanente de la causa por enriquecimiento ilícito que aún sigue bajo instrucción en el juzgado de Rafecas y que investiga si el exsecretario de Obras Públicas escondió dinero en el exterior. Lo hicieron por cortesía y para no perder contacto con su defendido, a quien visitaban entre una y tres veces por semana.
