Judiciales

Juicio a la Corte: Diputados cita a declarar a Garavano, Torello y “Pepín” Rodríguez Simón

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El oficialismo sigue con su embestida contra la Corte Suprema de Justicia, por ello desde la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, citaron a declarar al ex ministro de Justicia del Gobierno de Cambiemos, Germán Garavano; al senador José Torello, ex jefe de asesores de la Presidencia y al prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, asesor judicial de Mauricio Macri.

La cita es para el próximo martes, ante el cuerpo legislativo sobre el fallo del “2×1” para las condenas a genocidas, que fue dictado en 2017 por el máximo tribunal, cuyos integrantes Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, están siendo acusados por el oficialismo.

Dicha Comisión que preside la legisladora kirchnerista Carolina Gaillard, convocó también para mañana a las 13 a Santiago Otamendi, funcionario del Ministerio de Justicia; Horacio Diez, subprocurador del Tesoro; Juan Sebastián y Federico Morgenstern, de la vocalía del juez Carlos Rosenkrantz; y Gladys Cuervo y Zulema Chester, víctimas de la dictadura del Hospital Posadas.

Estos testimonios se darán en el marco del proceso que lleva adelante la comisión que analiza la conducta de los miembros del supremo tribunal, y que tuvo como características los gritos y chicanas entre los legisladores del Frente de Todos, promotores del ataque a la Corte y los representantes de a opinión que se niegan al proceso.

Fuentes parlamentarias estiman que los exfuncionarios de Macri finalmente no concurrirán a la Cámara baja para “no legitimar” el proceso que se lleva adelante en la comisión de Juicio Político contra los integrantes de la Corte Suprema.

Otros de los que fueron llamados por el oficialismo, se encuentran la abogada María Laura Roteta, de la Fiscalía Federal N 1 de La Plata. También los periodistas Silvana Boschi e Ignacio Miri, todos en relación al fallo del ‘2×1’ emitido por la Corte durante el Gobierno de Cambiemos sobre el cumplimiento de las penas por parte de los autores de delitos de lesa humanidad.