La Justicia benefició a Julio De Vido y Roberto Baratta

Roberto Baratta se encuentra procesado como organizar de lo que el juez Claudio Bonadio denominó «una organización criminal»

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La Cámara Federal de Casación Penal anuló este viernes el fallo que rechazó la excarcelación del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y de su subsecretario, Roberto Baratta​, en el marco de la causa conocida como los «cuadernos de la corrupción k».

Los camaristas instaron a los jueces que integran el Tribunal Oral Federal 7 (TOF7) a que dicte un nuevo fallo.

El TOF 7 es el responsable de realizar el juicio contra 52 procesados en la causa de los cuadernos, donde la flamante vicepresidente Cristina Kirchner está procesada como «jefa de la asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales».

Roberto Baratta se encuentra procesado como organizador de «una organización criminal». La causa se inició a partir de la aparición de los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer personal de Baratta, con anotaciones sobre las supuestas maniobras para recaudar coimas de empresarios beneficiados con la adjudicación de obras públicas.

Ahora, con el voto mayoritario de la Sala I del máximo tribunal penal, se aceptó el recurso de apelación que presentó la defensa de De Vido para anular el rechazo a su excarcelación y «devolver las actuaciones al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con los lineamientos aquí́ sentados, con la premura que el caso amerita».

A través de un extenso fallo en el que se recuerdan en qué casos se justifica el uso de la prisión preventiva y cuáles son los límites de la misma: «La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites absolutamente indispensable ‘para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley'», advierte el texto.

Y seguido, el escrito indica que «no basta alegar, sin análisis de las constancias del caso o sin fundamentación razonable, que dada determinada circunstancia teórica el imputado evadirá la acción de la justicia y que, sobre la base de ello, a los fines de neutralizar el peligro procesal deba disponerse, como en el caso, la detención preventiva del encausado, inobservando el principio de permanencia en libertad durante el proceso».

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