By La justicia avanza en la investigación sobre los retrasos en la entrega de las 22.400.000 de dosis de vacunas contra el COVID pactadas con el laboratorio Astrazeneca. Luego de secuestrar documentos en varios allanamientos, el fiscal Guillermo Marijuan analiza el intercambio de correos electrónicos mantenido entre funcionarios públicos y personas pertenecientes al laboratorio investigado, vinculados a la negociación llevada a cabo entre esa firma y el Estado nacional para la provisión de dosis contra el Covid-19.
La fiscalía considera que se está ante un “hecho de gravedad” por la denuncia que dio origen a este expediente: la falta, hasta el momento, de cumplimiento por parte de Astrazeneca en la entrega de las dosis comprometidas en la firma del acuerdo por un valor total de 89.7 millones de dólares.
Por los hechos denunciados “se habría visto perjudicado patrimonialmente el Estado Argentino, como consecuencia de lo cual se habría demorado el proceso de vacunación contra el virus Covid-19, aumentando el riesgo de propagación de la pandemia en el territorio nacional”, sostuvo el fiscal al requerir que se ordenen los allanamientos a las oficinas con sede en nuestro país, del laboratorio.
Durante el primer semestre de este año, AstraZeneca debía entregar 22.400.000 de vacunas a nuestro país. El cronograma que se entregó ante la justicia federal indicaba que para marzo se esperaba un arribo de 2.832.000 dosis, para abril 4.040.000, misma cantidad para mayo. En junio la entrega iba a ser de 3.451.000 y para julio se esperaba el mayor cargamento, de 8.518.000 vacunas.
Sin embargo, en el transcurso de los primeros tres meses del año no llegaron las vacunas prometidas, tras la firma del acuerdo que data de noviembre de 2020 y por el que el Estado abonó 53.817.419 dólares, de los 89.700.000 totales, es decir el 55,58% de la suma global acordada.
El fiscal Marijuan busca determinar el motivo del retraso que ocasionó además, que se vea afectado el plan de vacunación.
En ese sentido empezó a analizar las comunicaciones entre el Estado y el laboratorio AstraZeneca, un intercambio de correos electrónicos mantenido entre funcionarios públicos y personas pertenecientes al laboratorio, a quienes la fiscalía individualizó, vinculados a la negociación llevada a cabo entre esa firma y el Estado nacional para la provisión de vacunas.
En base a ese criterio, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que para el «esclarecimiento de los sucesos pesquisados», eran importantes «contar con cualquier tipo de constancia que dé cuenta también de las comunicaciones atinentes a la entrega de dosis que se mantuvieran con posterioridad a la celebración del contrato y hasta la actualidad».
Junto con este análisis que inició la fiscalía, ya se había intimado a Carla Vizzotti, ministra de Salud, para que no realice modificaciones en el contrato con Astrazeneca, temiendo que el gobierno, lejos de aplicar una multa al laboratorio, le conceda una prórroga ante los permanentes retrasos. Los investigadores consideran que eso sería un perjuicio mayor para el Estado.
