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La OA pidió que De Vido y Baratta vayan a juicio por el desvío de fondos en la mina de carbón

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La Oficina Anticorrupción (OA), solicitó al juez Luis Rodríguez que envíe a juicio oral a Julio De Vido, Roberto Baratta y Jorge Mayoral junto a otras 16 personas que se encuentran procesadas por el delito de administración fraudulenta en la gestión de la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT).

El organismo dirigido por Laura Alonso solicitó la elevación a juicio oral ante el juez Rodríguez de la causa donde se investigó el destino de partidas presupuestarias por 26.000 millones de pesos que debían aplicarse a la modernización y puesta en valor de la mina de carbón ubicada en Santa Cruz.

Los 19 imputados están acusados de haber participado de una «maniobra defraudatoria entre el 14 de enero de 2008 y el 26 de enero de 2016, que consistió en la ilegítima obtención de fondos provenientes del Estado Nacional –concretamente del ex Ministerio de Planificación Federal,  y del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio».

En la maniobra intervinieron además los Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río Gallegos (Santa Cruz), y la Facultad Regional Santa Cruz (en adelante FRSC) de la UTN y de la “Fundación Facultad Regional Santa Cruz”, a través de la cual fluían los fondos desde Planificación hacia YCRT.

La justicia estableció que se firmaron distintos convenios por 4.866.400.000 pesos, de los que se facturaron 1.379.923.949 pesos, de acuerdo a lo establecido por la Sindicatura General de la Nación. En consecuencia, el perjuicio a las arcas del Estado Nacional ascendió, «en principio y cuanto menos, a la suma de 176.074.373,92 pesos», señala la OA.

De acuerdo a lo informado por la SIGEN, además, otros 88.320.750 pesos en concepto de “gastos administrativos” fueron reclamado por la FRSC y la Fundación, pero Yacimientos no los abonó.

La causa inició con la denuncia del actual interventor de YCRT, Omar Zeidán (candidato a diputado nacional por Santa Cruz), que puso bajo sospecha el manejo de los 26.000 millones de pesos presupuestados por Planificación Federal para la modernización de YCRT desde 2005 a 2015.

Desde la Subsecretaría de Control del ministerio se disponía la «asignación de fondos y se determinaban las facturas que debían cancelarse», área que dependía directamente de Julio De Vido. «Se encuentra acreditado que no se respetó la normativa vigente y se burlaron los principios que rigen toda contratación con fondos públicos», determinó el juez. Es por ello que la maniobra investigada «reportó un claro perjuicio patrimonial al Estado».

Con el pedido de la OA, el juez Rodríguez le pedirá al fiscal Carlos Stornelli que realice su acusación, y De Vido quedará cerca de otro juicio oral por corrupción.