By La titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, María de los Angeles Sacnún, estimó este jueves que el costo de la reforma judicial que avanza a paso firme en el Senado será de alrededor de $1939 millones en el primer año, y esto solo teniendo en cuenta los salarios de los 323 nuevos cargos que creará, incluyendo jueces, fiscales, funcionarios y defensores, y está sostenida en un informe del Ministerio de Justicia que se elaboró para la ocasión.
Cuando se conoció la intención del Gobierno nacional de avanzar con una reforma en el Poder Judicial, los «think tanks» de Juntos por el Cambio, que son la Fundación Alem (UCR), Pensar (PRO) y el Instituto Hannah Arendt (Coalición Cívica), hicieron una estimación propia donde esa cifra prácticamente está duplicada.
Es que a los cálculos de sueldos, que oscilan alrededor de los $1700 millones, le sumaron $1211 en infraestructura y otros $122 millones para abordar los cambios tecnológicos.
La presentación de esos números fue realizada a través de un comunicado de la coalición opositora que llevaba el título «Una reedición de la propuesta de los ’90», que terminó generando discordia interna ya que no todos los integrantes del espacio estaban de acuerdo con el enfoque.
No obstante, allí se detallaba que «la llamada reforma judicial que impulsa el gobierno kirchnerista implica la creación de una desmesurada e injustificada cantidad de cargos, cuyo costo fiscal estimamos en unos $4000 millones anuales», decía el texto.
El jefe del bloque de senadores del Frente de Todos José Mayans se expresó en varias oportunidades acerca de que las menciones sobre el costo de la reforma son «excusas» ya que el presupuesto destinado al Poder Judicial para 2020 oscilo los $56000 millones, apenas el 1% del total del Presupuesto 2020.
«El presupuesto 2020 es de 6 billones de pesos y el monto asignado al Poder Judicial no alcanza el 1,5% por lo cual no mueve la aguja. Ni siquiera si duplicamos el costo del Poder Judicial afectamos el Presupuesto. Ahí no está el problema», dijo durante una de sus intervenciones en el plenario de comisiones defendiendo el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
El texto ya logró dictamen en el Senado, pero la oposición reclama que aún no pudo ver la versión final que se conocerá en las próximas horas. De acuerdo a lo que indicó Sacnún, habrá modificaciones con respecto al régimen penal juvenil, al que se le otorgará una «competencia exclusiva» y también se incorporarán las grabaciones al sorteo de las causas ya que «hay que avanzar en la transparencia».
También habrá modificaciones en los concursos de jueces a los que se les sumarán exámenes por escrito, con la posibilidad de contemplar el anonimato, y finalmente se dejará sin efecto la intención de unificar el fuero civil y comercial con el contencionso administrativo. Para ello se avanzará en un comité de resolución de competencias, explicó.
