La oposición pide que se transparenten los contratos con Labpax, la empresa que hace los testeos en Ezeiza

Alfredo Cornejo, Luis Petri y Graciela Ocaña pidieron tener acceso a los contratos con la empresa Labpax

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El Diputado Nacional Luis Petri, junto a sus pares Alfredo Cornejo y Graciela Ocaña, presentaron este jueves un pedido de acceso a la información pública y un pedido de informes en la Cámara de Diputados por la empresa Labpax, encargada de los testeos en Ezeiza.

Este miércoles, el Diario La Nación, reveló que el testeo que se debe hacer quienes regresan al país en avión, que les cuesta $2.500, no lo cobra el Estados sino una sociedad recién creada, sin antecedentes en análisis clínicos, cuyas dueñas son dos monotributistas que no se conoce si pisaron una facultad de bioquímica.

Además, hay una carpa y una guardia de Labpax fuera de la estación para quienes se van y desean llevarse sus “negativos” listos para acreditar en el exterior. Para salir, el precio es otro: $4.000 el hisopado y $6000 el PCR.

«¿Por qué los hisopados no los hace el Ministerio de Salud? ¿Por qué se tercerizaron en una empresa sin antecedentes y que fue creada el 1 de diciembre? ¿Por qué el Estado para algunas cosas monopoliza contrataciones y en otras permite hacer millonarios negocios a privados?«, cuestionó Luis Petri.

«Está en juego la salud de millones de argentinos, está en juego el ingreso de nuevas cepas, de su detección depende entre otras cosas la eficacia de la vacuna. Si fallan los testeos e ingresan nuevas cepas sin ser detectadas y aislados quienes se encuentran infectados, puede que las vacunas no inmunicen frente a ellas. Por eso es fundamental la realización de testeos en Ezeiza con la máxima rigurosidad, algo que hasta aquí nunca ocurrió», reclamó el diputado.

Hoy, Labpax factura al menos cinco millones de pesos por día, una ganancia récord para una sociedad que no existía hace unos meses. Sus dueñas son dos monotributistas: Paola Perillo Orellana, que está inscripta en la categoría más baja, y Laura Cáceres.

“No se entiende muy bien si esto es un negocio de pocos amigos o que el mismo Gobierno no confía en su capacidad de realizar los testeos”, advirtió Cornejo y agregó: “Llama la atención de los datos publicados de la empresa. Genera muchísimas dudas y es lo que los funcionarios que la contrataron nos expliquen cómo fue que la eligieron”.

La investigación del periodista Diego Cabot detalla que «Labpax se creó el 1° de diciembre de 2020 cuando a Cáceres y Orellana Perillo les cedieron las acciones de Real Estate Investments, una empresa que nada tenía que ver con los análisis clínicos. Unos días antes, la primera de las dos socias había asumido como gerenta de la firma y desde allí cambió la denominación de la sociedad»

Luis Petri concluyó: «El ingreso de nuevas cepas, así como el ingreso del COVID el 3 de marzo del 2020, cuando se registró el primer caso, va a ser por Ezeiza y allí es donde hay que maximizar los controles y testeos, que no estuvieron presentes al inicio de la pandemia y hoy los tercerizamos inexplicablemente».

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