La modificación que la oposición logró introducir en la nueva ley impositiva impulsada por el gobernador, Axel Kicillof, no lograron atenuar los efectos que tuvieron las tasas extraordinarias impuestas sobre la actividad portuaria.
Según la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), la medida generará «asimetrías negativas» respecto de los puertos de otras jurisdicciones cercanas como Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Río Negro e incluso Uruguay.
Autoridades del consorcio del puerto de San Pedro aseguraron que, a pocas horas de sancionada la ley, recibieron la noticia de que había altas probabilidades de que se frustre un acuerdo cerrado poco tiempo antes.
«Nosotros somos el puerto más chico de la provincia. En 2019 perdimos un cliente de frutas y se quedaron 120 trabajadores en la calle. Después de mucho trabajo logramos cerrar un acuerdo para este año para despachar desde San Pedro a Cuba porotos provenientes de Salta, que iban a llegar por tren hasta Santa Lucía, un pueblo rural del partido. Hoy [por ayer] nos llamaron diciendo que era una posibilidad que trasladaran la operación a Santa Fe», relataron.
En el artículo 100° de la ley, sancionada por los legisladores bonaerenses el miércoles pasado, se establece para este año y «con carácter extraordinario» algo que se señala en el texto como un «incremento en el impuesto sobre los Ingresos Brutos», pero en los hechos funciona como una tasa fija aplicable a las actividades de los puertos de la provincia, que ya están gravadas por Ingresos Brutos con alícuotas de 3,5% y 1,5% (dependiendo de la actividad).
En concreto, se cobrarán $47 extra por cada tonelada -o fracción superior a 500 kilos- de mercadería cargada, $139 por cada tonelada descargada y $23 por cada tonelada removida.
Solo quedan fuera del alcance de las sobretasas las «mercaderías en tránsito», los productos vinculados con la actividad pesquera y la arena y otros productos áridos.
De la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) también anticiparon que es de esperar que parte de las operaciones de los puertos bonaerenses sean derivadas a puertos del río Paraná y aseguraron que la medida agravará los «problemas de competitividad logística a los principales mercados».
Según especificaron en el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, la modificación impositiva implicaría un costo adicional de aproximadamente US$12,4 millones para operar en esa plaza, que sumados a los US$2,5 millones que ya tributa, sumarían un total de US$14,9 millones. Según sus autoridades, el monto representa el 30% del total de los ingresos del consorcio por los conceptos gravados.
A nivel recaudación, se puede tomar como referencia a los dos puertos de la provincia más importantes por volumen operado, Bahía Blanca y Quequén. Según un cálculo del estudio contable Ciancaglini, y suponiendo que estos dos puertos operarán volúmenes idénticos a los de 2019, el monto recaudado en 2020 mediante estas tasas en el puerto de Bahía Blanca sería superior a los $647 millones y en Quequén, de al menos $364 millones.