By Después de la intimación el Gobierno, que instó a que los colegios privados a suspender las clases presenciales y acatar el DNU presidencial, este jueves al mediodía se reunieron los representantes de las cámaras del sector con el ministro de Educación Nicolás Trotta.
Ayer por la noche, las cuatro cámaras con alcance nacional (JUNEP, CAIEP, COORDIEP y CONSUDED) recibieron una carta firmada por Trotta y el ministro de Justicia, Martín Soria donde se les pedía que cumplieran con el DNU y volvieran a una modalidad virtual frente al avance de la segunda ola de contagios. La carta asumía que eso no sería posible y pedía que se dejaran de computar las inasistencias a alumnos y docentes.
“La reunión fue en buenos términos. No fue un apriete. Entendieron nuestra posición y nos pidieron que seamos más flexibles”, dijo uno de los participantes del encuentro.
De la reunión también participó Marisa Díaz, la nueva secretaria de Educación, que en los hechos es la viceministra de la cartera. El puesto había quedado vacante durante ocho meses después de la salida de Adriana Puiggrós. Hasta la semana pasada, Díaz se desempeñaba como secretaria general del Consejo Federal. Ahora su cargo lo ocupará Mario Oporto.
Algunas horas antes del encuentro con las cámaras, Trotta se reunió con los representantes del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP). Después de recibir denuncias de parte de sus afiliados, los gremialistas le habían pedido una audiencia al ministro con la intención de regularizar la situación de los trabajadores afectados.
La posición de las cámaras fue que los colegios deben responder a lo que consigna su autoridad de contralor directa y, por ende, sostienen la continuidad escolar. En cambio, en la provincia de Buenos Aires, donde la Dirección de Escuelas dispuso el cierre por dos semanas, sí se acató lo que plantea el decreto de Alberto Fernández: ningún colegio bonaerense está abierto.
La carta generó incertidumbre en los colegios, que pronto recibieron el llamado de las autoridades del Ministerio de Educación porteño para llevarles tranquilidad. La propia ministra Soledad Acuña minimizó el pedido del gobierno nacional: “Es un llamado de atención pero Nación no tiene jurisdicción para indicar, ordenar ni apercibir en el caso de que los colegios no sigan lo que ellos exponen”, planteó.
