By Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, pidieron este miércoles en la Justicia la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución del Consejo de la Magistratura que la semana pasada objetó sus traslados a ese tribunal para que sean revisados por el Poder Ejecutivo y el Senado Nacional.
Según informó Infobae, los dos magistrados solicitaron en conjunto, en la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, una medida cautelar para que se anule esa decisión del Consejo y poder continuar en sus cargos. Por sorteo, la causa quedó a cargo de la jueza federal María Biotti.
Los dos jueces señalaron en su presentación que sus traslados -en 2018 desde el Tribunal Oral Federal 4 a la Cámara Federal- están “firmes y consentidos”, con derechos adquiridos y que no pueden ser revisados por el Consejo ya que no cuenta con facultades para hacerlo. También señalaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció en su acordada 7/2018 que los traslados entre la misma competencia -esto es entre tribunales federales- no requiere la intervención del Senado.
“En este carácter de jueces federales, la Constitución Nacional nos confiere las garantías de inamovilidad, estabilidad en nuestros cargos y la intangibilidad de nuestras remuneraciones”, señalaron en su presentación los magistrados, quiénes llegaron a la Cámara hace dos años con el apoyo del macrismo y el rechazo del kirchnerismo.
Bruglia y Bertuzzi son dos de los 10 jueces que el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Gerónimo Ustarroz, objetó en una presentación. Sostuvo que el trámite de esos traslados está incompleto porque no se terminó el proceso que establece la Constitución Nacional para la designación de magistrados. Ninguno de esos traslados pasó por la aprobación del Senado de la Nación.
Como jueces de la Cámara Federal, Bruglia y Bertuzzi ocupan lugares clave. Por allí pasan y se revisan todas las investigaciones que hacen los jueces de los tribunales de Comodoro Py, donde se tramitan, entre otros, los expedientes de corrupción y contra funcionarios públicos. Otro de los jueces objetados es de Comodoro Py. Castelli integra el Tribunal Oral Federal 7 que tiene el caso de los cuadernos de la corrupción en el que está acusada la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.
El Consejo de la Magistratura aprobó la semana pasada la resolución 183 en el que señaló las objeciones a los 10 traslados y lo envió al Poder Ejecutivo para que lo analice y decida si comparte las críticas y los remita al Senado para que le de o no acuerdo. El oficialismo cuenta con la mayoría para aprobarlos o rechazarlos. Si la cámara alta no aprueba los traslados, los jueces deberán volver a sus cargos anteriores.
En el amparo, los camaristas pidieron que sus traslados no sean enviados al Senado para su análisis en la cámara alta. “Solicitamos que se dicte una medida precautelar y -posteriormente- medida cautelar de no innovar -en los términos de los artículos 195 y ss. y 232 del CPCCN-, disponiendo la inmediata suspensión de los efectos del artículo 1 de la Resolución CM 183/2020 y ordenando al Poder Ejecutivo Nacional y el Senado de la Nación se abstengan de iniciar el trámite previsto en el art. 99 inciso 4 de la Constitución Nacional con referencia nuestra a la designación en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones y Correccional Federal de la Capital”, plantearon. Para los jueces “tal remisión al Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación es el resultado de una decisión ilegítima de la demandada, importa la revisión de actos administrativos consentidos y firmes y vulnera las garantías constitucionales que nos asisten como magistrados federales”.
