Los jueces señalaron al Gobierno por la liberación de presos: “Ninguna solución de fondo se encuentra en manos del Poder Judicial”

Las prisiones domiciliarias y libertades que se otorgaron desde que comenzó la pandemia dejaron en el ojo de la tormenta a muchos funcionarios judiciales, y el ejecutivo trató de desmarcarse sin éxito

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En medio del clamor social contra las libertades y arrestos domiciliarios masivos de los presos usando como excusa la amenaza del coronavirus, los jueces apuntaron contra el Poder Ejecutivo: dijeron que ninguna de las soluciones sobre el deterioro de las cárceles y el hacinamiento está en los tribunales y advirtieron que “resulta inadmisible el empleo del juicio político como herramienta de intimidación hacia los magistrados que resuelven de un modo contrario a la expectativa de quien lo promueve”.

“Para lograr la revisión de decisiones judiciales que puedan estimarse equivocadas existen numerosos recursos procesales que la ley confiere en plano de igualdad tanto a los imputados o condenados como a los interesados por el delito”, advirtió la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

El comunicado dejó en claro que se pronunciaban «ante la polémica pública desatada en los últimos días en relación con determinadas excarcelaciones, detenciones domiciliarias y libertades anticipadas dictadas con fundamento en el peligro que entraña la propagación del COVID-19 en los establecimientos penitenciarios» y luego de las «declaraciones del titular del Poder Ejecutivo Nacional y de otros referentes políticos».

En ese contexto, la Asociación de Magistrados advirtió que “ninguna solución al problema de fondo” de las cárceles, su deterioro y el hacinamiento se encuentra “en manos del Poder Judicial”. “Frente a tal tirantez, jueces y juezas deben resolver entre mantener la detención de un interno con probabilidades de enfermar con severidad, o bien disponer el arresto domiciliario o liberación de quien en otras circunstancias no podría aspirar a tales beneficios procesales. Y tal decisión, sea que resulte favorable o contraria al planteo, siempre tiene en consideración las condiciones particulares del imputado o condenado, las características del hecho, la opinión de la víctima si correspondiere (ley 27.372) y una infinidad de circunstancias propias del caso particular que se resuelve”.

“Es el Poder Ejecutivo, tanto en su nivel nacional como provincial, quien tiene a su cargo la administración de los establecimientos carcelarios y a él comprende la obligación de asegurar condiciones esenciales de salubridad e higiene intramuros. En este particular escenario fáctico, a los jueces y juezas les concierne determinar el derecho que será afectado en menor medida para privilegiar de ese modo otro que podría resultar lesionado con mayor intensidad, siendo potestad y obligación de los administradores del sistema penitenciario articular las medidas necesarias para que tales situaciones no deban ser dirimidas en el ámbito jurisdiccional”.

De esa manera, la entidad ratificó “el principio de que en el Estado de Derecho resulta inadmisible el empleo del juicio político como herramienta de intimidación hacia los magistrados que resuelven de un modo contrario a la expectativa de quien lo promueve, pues para lograr la revisión de decisiones judiciales que puedan estimarse equivocadas existen numerosos recursos procesales que la ley confiere en plano de igualdad tanto a los imputados o condenados como a los interesados por el delito”.

La asociación nuclea a cerca de 3.000 magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, y está presidida por Marcelo Gallo Tagle.

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