By La Cámara baja le dio este miércoles media sanción al proyecto de Ley de Góndolas, iniciativa de la oposición que propone, entre otros puntos, que una empresa no podrá tener más del 30% del espacio disponible en la góndola por cada categoría de producto y que tiene que haber un mínimo de cinco proveedores por cada uno. El objetivo, según el texto, es que haya igualdad de oportunidades para las pequeñas y medianas empresas en las estanterías de los supermercados y que la mayor competencia ayude a bajar los precios.
Sin embargo, diversos economistas y representantes de las empresas proveedoras y supermercados alertaron que esta norma, si se sanciona, generará el efecto contrario: suba de costos, aumento de precios y despidos de personal.
Las empresas proveedoras y las grandes cadenas avanzarán ahora con gestiones ante los senadores para evitar que la iniciativa se convierta en ley, aunque está claro que el nuevo gobierno apoya el proyecto y buscará impulsarlo de cualquier manera. Tanto es así que figura como una de las propuestas bajo estudio del plan contra el hambre que diseñó el legislador y futuro ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.
La intención es presentar un amparo para declarar la inconstitucionalidad de la ley. Las gestiones en contra del avance de este proyecto fueron encaradas no sólo por ASU, sino también por la Cámara de Comercio norteamericana en el país (Amcham), que advirtió, en una reciente carta que le envió a la diputada y titular de la Comisión de Defensa del Consumidor, Marcela Passo, que el proyecto “atenta no sólo contra garantías básicas como el ejercicio de la industria licita, el comercio, el uso y disposición de la propiedad -todas ellas consagradas en nuestra Carta Magna-, sino que también abre la puerta a controversias internacionales.
Además, la cámara advirtió en esa misiva que la pérdida de puestos de trabajo, por pérdida de rentabilidad y eficiencias, se estima entre 5000 y 7000 personas, y que se prevé un aumento de los costos laborales en la cadena de comercialización del 20% y un aumento de precios de venta final al público por traslado de costo incremental del 10% al 12%. “Es así que el proyecto pone en riesgo a toda la cadena de comercialización que abastece al 70% del mercado. Teniendo en cuenta además que, de los 10 mayores empleadores privados de la Argentina, 4 son cadenas de comercialización que serán afectados por la norma en cuestión”, planteó Amcham.
Advierten que el tope del 30% de participación en la góndola planteado en el proyecto “generará complicaciones operativas para reponer los productos en tiempo y forma, provocando desabastecimiento en góndolas y/o quiebres de stock, lo que tendría una incidencia al alza en el precio de los productos, con los consecuentes incrementos de costo por mano de obra adicional de reposición”.
