Mapuches continúan tomando tierras en la Patagonia valuadas en USD 100 mil por hectárea

Las ocupaciones mapuches se producen en zonas muy demandadas turísticamente, como ocurre en Río Negro, y en sectores de alto valor productivo, como ocurre en Vaca Muerta

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La ocupación de tierras por parte de los mapuches (con huelgas de hambre, incendios de viviendas, intimidaciones a turistas, ataques armados contra las fuerzas de seguridad) generó una escalada de violencia en el sur tanto de Argentina como de Chile.

El principal foco de conflicto está latente en Villa Mascardi, donde la lof Lafken Winkul Mapu tiene ocupadas desde 2017 unas 30 hectáreas al costado del lago (a unos 35 kilómetros de Bariloche) y la situación recrudeció en noviembre de ese año con la muerte de Rafael Nahuel.

El 10 de septiembre de 2019 la comunidad Buenuleo anunció oficialmente el proceso de recuperación de lo que ellos consideran su territorio ancestral. Son 40 hectáreas ubicadas en la zona del Cerro Ventana, las cuales fueron “arrebatadas de manera fraudulenta en el año 2014”, sostienen.

En Neuquén, son varias las comunidades que resisten el desarrollo de la industria petrolera pero Campo Maripe, una de las más activas en el reclamo por la posesión ancestral de tierras, se encuentra en la zona de Añelo, muy cerca de Vaca Muerta. El centro de la capital neuquina, en tanto, también tiene focos activos. Allí, las familias que integran las lof Newen Mapu y Puel Pvjv mantienen ocupadas unas 50 hectáreas.

Seis de los integrantes de Campo Maripe fueron juzgados en 2019 por usurpación y luego resultaron absueltos, pero el Tribunal de Impugnación anuló el fallo y ordenó un nuevo juicio. El principal argumento de la defensa es que estos conflictos no deberían judicializarse ya que aún está pendiente el relevamiento territorial, después del cual se definiría el mecanismo de titularización de las tierras.

Por su parte, los mapuches de Newen Mapu y Puel Pvjv exigen que se respete la concesión de tierra que les hizo en 2011 el ex intendente radical Martín Farizano pero que nunca llegó a ser votada en el Concejo Deliberante de la ciudad.

Las históricas tensiones en la Patagonia están en el radar del Poder Ejecutivo, que puso en marcha efectiva en Río Negro el protocolo para la resolución “pacífica” de conflictos territoriales con los pueblos originarios y fue presentado en febrero pasado en el Consejo Federal de Seguridad Interior ante las provincias.

A ese mecanismo suscribieron el Ministerio de Ambiente, de Juan Cabandié, y su par de Justicia, de Marcela Losardo, de quienes dependen las áreas de Parques Nacionales y el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI). Las carteras tienen la llave con las tres claves de una problemática estructural: el reclamo de tierras ancestrales, la cuestión ambiental y la seguridad.

La gestión de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, está alineada con el reclamos de los vecinos y propietarios de la zona, quienes denuncian recurrentes hechos de vandalismo, agresiones y robos en la región. Este domingo, un nuevo hecho de violencia extrema contra la propiedad privada generó un enérgico repudio de la mandataria provincial. Ocurrió en el predio “La Cristalina”, donde grupos anónimos y encapuchados intentaron prender fuegos varios inmuebles.

Mientras tanto, las denuncias no logran demasiados avances en los tribunales: fiscales, jueces y denunciantes pocas veces logran identificar a los autores materiales. Solo en Bariloche, con la última denuncia que hizo el encargado de La Cristalina por los daños perpetrados en esa emblemática cabaña, son 17 las causas penales que se acumulan en el Ministerio Público Fiscal.

 

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