By La Cámara Federal sorteó este martes el lugar del fallecido juez Claudio Bonadio, y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resultó ser el elegido, al menos interinamente, hasta que el Consejo de la Magistratura encuentre un sucesor definitivo.
¿Quiés es este magistrado de perfil bajo y larga carrera? Martínez De Giorgi se convirtió en juez federal en el año 2012 cuando juró junto a Sebastián Casanello, Luis Rodríguez y Sebastián Ramos. Antes pasó por distintos escalafones de la justicia ordinaria y de la federal, adonde incluso llegó a ser secretario de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones.
Desde su juzgado llevó adelante, entre otras, la investigación de Odebrecht vinculada al soterramiento del Tren Sarmiento, uno de los tres expedientes que involucran a la compañía brasileña en la Argentina.
Allí, en abril del año pasado, procesó a los ex funcionarios involucrados, entre quienes estaban el ex ministro Julio De Vido y el ex secretario Roberto Baratta, al tiempo que dictó la falta de mérito de los empresarios alcanzados por el caso, entre ellos, el primo hermano del entonces presidente, Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra.
La medida fue revertida luego por la Cámara de Apelaciones, que cuatro meses después anuló tanto los procesamientos dictados por Martínez De Giorgi como las faltas de méritos. Entonces, los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, superiores del magistrado consideraron que su resolución era «nula» tanto porque carecía de fundamentos como porque aún faltaban llegar las confesiones en Brasil en el marco de las investigaciones del Lava Jato y le ordenaron profundizar la investigación que tenía en su juzgado.
En su despacho también tramitó la causa de Sueños Compartidos, que investigó las posibles irregularidades en la construcción de viviendas sociales a través del programa ejecutado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
En el marco de ese caso, en 2016, Martínez De Giorgi declaró en rebeldía y ordenó la detención de la referente de la agrupación, Hebe de Bonafini, luego de que ella faltara a la segunda citación a indagatoria cuando el magistrado dispuso que sea llevada por la fuerza pública.
