Judiciales

Olivos Gate: Alberto Fernández y Fabiola Yañez serán sobreseídos tras el pago de 3 millones de pesos

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El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli aceptó la oferta de 1,6 millones de pesos del Presidente de la Nación, Alberto Fernández y  de 1,4 millones de pesos de la primera dama, Fabiola Yáñez, para dar por cerrada la causa judicial por el escándalo del festejo que hubo en Olivos en plena pandemia a mediados de 2020.

El magistrado decidió “homologar” el acuerdo propuesto entre los imputados y la fiscalía a cargo de Fernando Domínguez, y ambos deberán pagar en un plazo no mayor a los diez días. El destino de los fondos será la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán (A.N.L.I.S.).

Cabe recordar que el 14 de julio de 2020 varias personas participaron de la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yañez, entre los asistentes estaban amigos, empleados y el propio Presidente de la Nación.

La polémica se desató cuando se filtró una foto del encuentro e inicialmente el mandatario dijo que “no existió delito” porque ese encuentro no generó contagios de coronavirus.

La causa se tramitó inicialmente en Comodoro Py y luego pasó por jurisdicción a San Isidro, donde quedó en poder de Mirabelli, que ahora homologa ambos acuerdos que la fiscalía llegó con el Presidente y Fabiola Yáñez.

Cuando se hizo el festejo imperaba el decreto 576/2020 que impedía ese tipo de reuniones y mantenía el encierro preventivo y obligatorio.

Según la evaluación del magistrado, “Tanto la defensa como el Sr. Fiscal Federal han sostenido que el comportamiento que se le endilga a Alberto Ángel Fernández en torno al hecho ocurrido el 14/7/2020 por su participación en la celebración del cumpleaños de la Primera Dama, no guarda relación con el ejercicio de las funciones públicas que tenía asignadas como titular del Poder Ejecutivo Nacional”.

“No importa negar la connotación política e institucional de los hechos presuntamente cometidos y la posible defraudación a las pautas de comportamiento ético, sino solamente señalar los límites de la restricción normativa”, asevera el escrito con los fundamentos del Juez.

Por último, despejó cualquier duda sobre ambos acuerdos: “La función del juez se define por la imparcialidad, lo cual le impone decidir conforme a Constitución Nacional y las leyes prescindiendo de cualquier consideración pública, política o personal –externa o interna– ajena al caso. Y es en ese marco de actuación que, reitero, no se observan razones legales que impidan la aplicación del mecanismo propuesto”.

Expresando que “desde esa concepción, dichas limitaciones se tornarían inaplicables respecto de hechos ajenos al cargo público y la función de su protagonista. Lo definitorio no es la sola calidad del sujeto sino la función que desempeña y su vinculación con el acto en concreto”.