By Tan solo 24 horas después de que el juez Claudio Bonadio lo procesara por cohecho, Paolo Rocca, CEO de Techint, se notificó de la medida en los Tribunales de Comodoro Py y apeló la resolución. Sus abogados sostuvieron que la resolución del magistrado «carece de pruebas y fundamentos».
La decisión de Bonadio se dio en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, que investiga una supuesta «organización criminal» que desde la Casa Rosada y el ministerio de Planificación Federal «diseñaron un mecanismo mediante el cual se recaudaba dinero ilegal entre empresas contratistas del Estado o concesionarias de servicios públicos».
Los abogados de Rocca -José María Figuerero y Santiago Fontán Balestra- se presentaron este miércoles en Comodoro Py acompañando al empresario -que se notificó del procesamiento- y apelaron la medida: «El procesamiento carece de todo fundamento y prueba».
En un comunicado, la compañía informó que Rocca, pese a la medida judicial, continuará frente al Grupo «desempeñando sus responsabilidades con el completo apoyo del Consejo de Administración», expresaron. Así, buscaron dar un mensaje de tranquilidad al mercado ya que al momento de conocerse la decisión del juez, las acciones de Tenaris habían caído un 10% en Wall Street.
En la causa donde Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa de la asociación ilícita, ya declararon dos directivos de la compañía, Héctor Zabaleta y Luis Betnaza, quienes habrían realizado diferentes entregas de fondos ilegales a Roberto Baratta.
Al ser aceptado como imputado colaborador, Héctor Zabaleta admitió pagos por al menos 200.000 dólares a ex funcionarios kirchneristas. Con el objetivo de desligarse cualquier responsabilidad, el CEO de la compañía dijo en su indagatoria que «no tuvo conocimiento en ningún momento» del pago de sobornos realizados a ex funcionarios del ministerio de Planificación Federal que dirigió Julio De Vido durante doce años.
Pero la Justicia determinó que los ocho pagos realizados por directivos de Techint y que figuran en los cuadernos de Centeno, «no podían desconocerse» por parte del CEO de la compañía.
Rocca que aclaró que en la empresa sus directivos actuaban con «autonomía». Dijo que los pagos ilegales se hicieron urgidos por la expropiación de la empresa Sidor y la prohibición de salir de Venezuela a los argentinos que allí trabajaban, ordenada por el gobierno chavista.
«Operábamos en Venezuela la mayor siderúrgica de América latina. En los últimos años, desde 2007, el hostigamiento de Hugo Chávez fue cada vez más fuerte, hasta que decidió la expropiación. Fue complejo, con amenazas, con violencia. La retirada que tuvimos que hacer entre abril y diciembre de 2008 fue complicada, con un periodo de militarización de la empresa, más la repatriación de nuestra gente», afirmó.
De esta manera, buscó deslindar su responsabilidad y señaló qface
ue Betnaza tenía autonomía en la empresa, por lo que desconocía los pagos que realizó. Sin embargo, Bonadio refutó este argumento al señalar que por el nivel de «detalles» que el 16 de agosto en un encuentro empresarial dio Rocca sobre la situación acontecida en Venezuela «no resulta creíble que no estuviera al tanto de los requerimientos de dinero que hizo referencia Betnaza».
Para los investigadores, además, el argumento del empresario «no lo exime de responsabilidad, no resultando creíble la falta de conocimiento alegada». Por ello, Bonadio lo acusa de haber «participado en negociaciones por las que se habrían efectuado» los pagos ilegales investigados.
