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Piden que se subasten los aviones de Lázaro Báez

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El fiscal Abel Córdoba pidió que los dos aviones del empresario K Lázaro Báez, investigado por lavado de dinero, sean subastados por el Estado Nacional y el dinero recolectado se deposite en el Banco de la Nación. Además, solicitó la intervención judicial de la empresa Austral Agro SA a raíz de irregularidades detectadas durante la veeduría dispuesta por la Justicia.

Se trata de dos aeronaves incautadas por la Justicia: un Lear Jet 35ª matrícula LV-BPL, que ya está en poder del Ministerio de Seguridad de la Nación, y UN Rockwell Turbo Comander 690B, matrícula LV-MBY, que está en manos de la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación (JIAAC).

Según informó El Intransigente, el fiscal Córdoba le pidió al Tribunal Oral Federal 4 que se subasten las dos aeronaves y que el dinero se deposite en una cuenta del Banco Nación.

El acusado Walter Zanzot, presidente de Top Air S.A, a quien en imágenes se vio contando dinero junto a Martín Báez en la financiera «La Rosadita», reclamó al Tribunal que el avión LV-MBY sea cedido a su empresa, Aviación Atlántico Sur SA.

Las dos aeronaves no se encuentran operativas por problemas técnicos y necesitan reparaciones: el Ministerio de Seguridad informó que el costo de reparación de una de ellas es de 347.446,98 dólares.

«Si este tribunal dispone la desafectación de la suma dineraria para arreglar ambas aeronaves no solamente correría un riesgo cierto de pérdida, teniendo en cuenta el transcurso del tiempo y la utilización de las aeronaves”, dijo el fiscal.

Sobre la firma Austral Agro S.A, el fiscal pidió la intervención, ya que la veeduría que lleva adelante el Cuerpo de Contadores del Poder Judicial de la Nación detectó que la empresa no aportó información sobre sus libros contables y societarios, ni sobre el el origen de unos seis depósitos detectados en abril, y de otra suma de dinero aportada por Lázaro Báez destinada al pago de sueldos.Incluso, los veedores advirtieron sobre la «falta de colaboración y reticencia» por parte de Leandro Báez.

«Las veedurías no han podido acceder a la documentación que les permita determinar si el giro comercial de la empresa en cuestión se ajusta a los parámetros legales, o si por el contrario nos encontramos ante un instrumento jurídico diseñado con el fin de dar apariencia de licitud a bienes de los accionistas”, dijo la Fiscalía.