By Austral Construcciones, la firma insignia de Lázaro Báez, acaba de quebrar: la juez comercial María José Gigy Traynor decretó la quiebra de la constructora que recibió durante el gobierno de los Kirchner 52 contratos por 46.000 millones de pesos, licitaciones plagadas de irregularidades.
«Déjese constancia en tal comunicación que en virtud del decreto de quiebra, Austral Construcciones S.A. ha quedado desapoderada de pleno derecho de los bienes que integran su patrimonio al día de la fecha, como así también de aquellos que adquiera hasta su rehabilitación; encontrándose tal patrimonio bajo la administración del síndico», indica la resolución a la que accedió Clarín.
Inactiva desde que Cristina Kirchner dejó la Casa Rosada y tras la decisión del actual gobierno de rescindirle los últimos 24 contratos viales que le quedaban, Austral ya no pudo presentarse a nuevas licitaciones y las investigaciones judiciales la dejaron sin margen operativo: el juez Sebastián Casanello le trabó un embargo de 600 millones de dólares en la causa por lavado de dinero, y nombró veedores de la AFIP.
Después del reclamo de uno de los más de veinte acreedores de Austral, la jueza Gigy Traynor decretó la quiebra de la firma insignia de Báez. Asimismo, ordenó la inhibición general de bienes de la empresa.
La medida fue notificada al Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) que llevará adelante el juicio por lavado de dinero donde la constructora fue utilizada como último eslabón en el proceso de blanqueo por 60 millones de dólares.
Ahora los jueces del Tribunal deben informar el estado de bienes de Austral, y se comenzará a realizar un inventario de los mismos. La firma cuenta con propiedades alquiladas por más de medio millón de pesos por mes, terrenos, estancias, un gran parque automotor, entre otros.
La juez comercial intimó a la empresa y a los terceros a que “entreguen al síndico los bienes que tengan en su poder, al igual que los libros de comercio y demás documentación -que en su caso llevare- relacionada con su contabilidad, previniéndoles a los terceros la prohibición de hacer pagos a la fallida, bajo apercibimiento de considerarlos ineficaces”.
Así, se decretó la «inhabilitación definitiva de la fallida en los y de sus administradores por el término de un año desde la fecha de decreto de quiebra, la cual cesará de pleno derecho el día 27 de junio de 2019».
