By Javier Fernández lleva una vida caminando los tribunales de Comodoro Py, del Palacio de Tribunales y de cuanto café o encuentro judicial se le presente. Formó toda su carrera dentro de la corporación judicial como secretario de un Juez de la Corte Suprema en los 90 y como secretario privado del ex ministro de justicia de Menem, Rodolfo Barra.
Ingresó a la Auditoría General de la Nación en 2001 gracias al apoyo del bloque peronista en el Senado y se mantuvo ahí por más de 20 años. Desde ese lugar ejerció todo tipo de presiones a los jueces y fiscales que incomodaban al kirchnerismo. Logró ser reelecto en tres oportunidades y transformó su cargo en un factor central de la trama secreta de relaciones entre el Poder Judicial y el Peronismo. De su decisión y de la de su amigo y socio Jaime Stiuso dependían los nombramientos de jueces y fiscales.
Sus redes y vínculos también incluyen a sus hermanos. Su hermano Sergio Fernández es Juez de la influyente Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Por gestiones de Javier Fernandez fue colocado en un lugar central considerado el “Fuero de la gobernabilidad”, ya que es donde recaen todas las causas iniciadas contra el Estado Nacional. El bajo perfil que caracteriza a los Fernández oculta un poder e influencia determinante en las ambiciones del kirchnerismo para controlar y adoctrinar al Poder Judicial. El otro de sus hermanos, Claudio Fernández, también heredó la pasión por el dinero: en 1997, en uno de los escándalos judiciales más resonantes, directivos de la empresa Central Puerto presentaron una denuncia y una cámara oculta donde se puede ver a allegados suyos exigiendo 2 millones de dólares a la empresa para sacar una sentencia favorable en una causa judicial.
Los oscuros antecedentes de Javier Fernández se remontan muchos años atrás. Durante los años noventa ya era conocido como el “valijero” del poder encargado de repartir pagos ilegales a miembros del Poder Judicial. Fue denunciado por un secretario del ex Ministro de Justicia Granillo Ocampo que indicó que quien repartía el dinero tenía las siglas JF y un importante cargo en un organismo de control. Era un secreto a voces a quien se refería. Pudo ser sobreseído por que el juez a cargo de la causa fue tristemente célebre Norberto Oyarbide. Ya desde ese entonces la cadena de presiones comenzaba a operar.
Famoso también por sus vínculos con los servicios de inteligencia y amigo de Jaime Stiuso fue mencionado por el chofer Óscar Centeno en la causa de los “Cuadernos”. Centeno declaró que uno de los que recibía bolsos con dinero proveniente de funcionarios de Julio De Vido, quien era entonces ministro de Néstor y Cristina, era “Javier de Inteligencia” en referencia Fernández.
La causa de enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina
Además, en un desprendimiento de la causa Cuadernos, el entonces Juez Oyarbide declaró que había sido presionado por Stiuso y Javier Fernández para cerrar en tiempo récord la causa de enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner. Según consta en la causa, Oyarbide detalló un encuentro que mantuvo con ambos en un departamento de la avenida Córdoba donde le solicitaron “celeridad en la causa de Néstor y Cristina”. Para tranquilidad de Javier Fernández se inició una causa a raíz de esta declaración que recayó en el juzgado del juez Luis Rodriguez, amigo íntimo de Fernández y padre de una hija cuyo padrino es el mismo Javier Fernández. La impunidad quedó en familia.
Victor Manzanares, contador de la familia Kirchner, se presentó como arrepentido también en la causa de los Cuadernos. Su declaración causó estupor por el nivel de información que manejaba y la confianza con el matrimonio Kirchner durante décadas. Manzanares declaró, en línea con lo de Oyarbide, que en 2009 se reunió con Javier Fernández por indicación de Néstor para que le marcara los pasos a seguir en las declaraciones de impuestos y las pericias contables que se realizarían sobre el patrimonio presidencial. Para garantizar su inocencia la orden de Kirchner fue seguir las indicaciones de Javier Fernández.
Sus lazos con el Grupo Spolzki
El grupo Spolzki fue denunciado reiteradas veces por lavado de activos, evasión impositiva y por sus vínculos con Stiuso y los servicios de Inteligencia. En una denuncia iniciada por Elisa Carrió se solicitó que se investigue la participación de Javier Fernández en el Grupo. Aunque el operador K negó formar parte del entramado societario, el domicilio donde residía compartía dirección con sociedades del Grupo 23 de Spolzki. Además un tío de Fernandez formó parte de directorios de empresas de dicho grupo. Matías Garfunkel, ex socio de Spolzki, amplió la denuncia contra su ex socio y solicitó que se investigue la participación de Fernández y otros miembros de la AFI como testaferros y socios ocultos de Spolzki. Entre 2009 y 2015 el Grupo 23 obtuvo más de 800 millones de pesos en pauta oficial. La denuncia fue presentada por trabajadores y periodistas del diario Tiempo Argentino.
Los favores a jueces de Comodoro Py
La influencia de Javier Fernández en Comodoro Py no es desmentida por ninguno de los actores involucrados. Durante 20 años, desde su puesto en la AGN, aprobaba e influía en los nombramientos de jueces y fiscales. Pero además se jactaba de ayudar a muchos magistrados que luego le debían favores.
La Auditoría General de la Nación se convirtió en una herramienta de poder para Fernández y una agencia de empleo para familiares y amigos de la familia judicial. Alfredo Lijo, hermano del juez Ariel Lijo, fue nombrado por Fernández como asesor en su planta de gabinete. También designó a Malena Canicoba Corral, hija del juez Canicoba Corral, como empleada en la Auditoría, y a Josefina, la hijastra del juez Jorge Ballestero.
