By La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este jueves un pedido de Florencia Kirchner para apartar a los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 5 a cargo del juicio por el caso “Los Sauces”.
La Sala I de Casación confirmó a los jueces del TOF 5 Adriana Palliotti y Daniel Obligado, quienes habían sido recusados por Carlos Beraldi, abogado de Florencia Kirchner, por temor de parcialidad: “La defensa no ha invocado ni ha logrado demostrar ninguna circunstancia objetiva que permita sustentar –aun por vía de hipótesis– un temor de parcialidad fundado, que permita justificar el apartamiento solicitado”, señalaron los camaristas Diego Barroetaveña y Daniel Petrone.
La defensa de Florencia Kirchner había recusado a los jueces del tribunal oral luego de acusarlos de haber filtrado a la prensa información sobre su estado de salud que la tiene en Cuba desde febrero pasado bajo tratamiento médico. También porque Palliotti y Obligado rechazaron la recusación del tercer juez del tribunal, José Martínez Sobrino, quien había dicho que la hija de la ex presidenta podría ser declarada rebelde de la Justicia si no se presentaba.
“Estando en presencia de una cuestión controvertida, en la que los jueces recusados han negado su participación en la difusión de la información relativa al estado de salud de Florencia Kirchner, y en la que no se cuenta a la fecha con otros elementos que permitan poner en crisis dicha afirmación, resulta razonable la conclusión que derivó en el rechazo del planteo defensista y, en consecuencia, de la causal de apartamiento alegada”, concluyeron los camaristas de Casación.
Cristina Kichner se encuentra en Cuba con su hija desde el 1 de noviembre y tiene autorización judicial para estar hasta el próximo lunes. Florencia está en Cuba bajo tratamiento médico por un trastorno de estrés postraumático y un linfedema ligero de miembros inferiores.
La vicepresidenta electa, sus dos hijos y otros imputados están acusados de lavado de dinero en el alquiler de propiedades de parte de los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, quienes eran contratistas del Estado.
