Política

Santiago del Estero: la cámara oculta de Carlón que incrimina a Wayembergh con Zamora

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Tal como anticipó Eduardo Miguel Carlón en una entrevista exclusiva a este medio, continúa el conflicto con los campos usurpados en Santiago del Estero, y que envuelve a un entramado de personas poderosas, ligadas a la policía y a la justicia, en la provincia que gobierna Gerardo Zamora.

La denuncia que viene realizando públicamente Carlón, sobre el sistema ilegal de venta de campos, conducido por el abogado “Aty” Weyenbergh, con fuertes conexiones con la policía santiagueña y la justicia de esa provincia, destapó una trama que envuelve a varias personas ligadas al Ejecutivo de Santiago del Estero. Y gracias a las imágenes de las cámaras ocultas, grabadas por el denunciante, se pudo saber los intereses y el plan sistemático que existe para quedarse con las tierras usurpadas, que pertenecen a la familia Masoni, hace más de 70 años.

 

Cabe recordar, que Eduardo Miguel Carlón es un trabajador que sin saber lo que estaba ocurriendo, cumplió una tarea laboral para un grupo de personas que usurparon campos, y que se encontraban relacionadas íntimamente al gobierno provincial de Gerardo Zamora. Y al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, denunció los hechos, y él mismo fue encarcelado por presunta asociación ilícita. A su vez, hay que destacar que fue detenido, en la misma causa que fue encarcelado ilegalmente el exdiputado del PRO, Rodrigo Posse y que, en la actualidad, tiene pedido de captura, el empresario Guillermo Masoni, amigo del expresidente Mauricio Macri

En el mes de noviembre, Carlón había mantenido una entrevista en exclusiva con Alerta 140. Donde había comentado la difícil situación por la que atravesaba, él y su familia. Recibiendo amenazas, presiones, extorsiones y temiendo por la integridad física de todo el grupo familiar.

En la nota, Carlón apuntó contra el letrado, “Aty” Weyenbergh, quien era el encargado de vender los terrenos, y sin ningún tipo de problema, ejercía diversas funciones jurídicas, amparado por la policía provincial y por la justicia de Santiago del Estero. Pero el nombre que resonó fuertemente era el del empresario, Orlando Canido. Propietario de la gaseosa Manaos.

Canido es el dueño de la empresa de gaseosas, y tiene fuertes vínculos con la administración de Zamora. Además, tiene un amplio prontuario ligado a causas judiciales, evasión de impuestos, deudas y fuertes incidentes y conflictos con pueblos originarios.

Pero lo relevante de toda esta situación, es la estructura manejada por Weyenbergh. Un grupo de cómplices que montaron un equipo con el objetivo de tener empleados a sueldo, dedicados pura y exclusivamente al cuidado de terrenos. Los mismos que no le pertenecían, pero con la idea de poder venderlos.

Si bien Carlón trabajaba para ellos, fue contratado para cumplir el rol de cuidador de esas tierras. En un momento el vínculo se rompió, por las sospechas que tenía de que algo no andaba bien. Y por la suspensión de su pago. Entonces decidió investigar y llevar adelante una importante recolección de material que dejaría al descubierto, el entramado que salpica a varias personas que se encuentran ligadas a la justicia, a la policía y a la administración provincial de Gerardo Zamora.

Cabe destacar que, según Carlón, los campos que administraba y vendía Weyenbergh a Canido, pertenecen a la familia Masoni. Y según varios testigos, en reiteradas ocasiones vieron trabajar a Guillermo Masoni, en todas las hectáreas.

Si bien en un momento, se creía que las usurpaciones pertenecían al “Movimiento Campesino de Santiago del Estero”, conocido como el MOCASE, por el hecho de la existencia de carteles y pancartas en las tierras. Con el paso del tiempo se comprobó que los mismos pertenecían a los empleados del abogado “Aty” Weyenbergh.

Weyenbergh, le pidió varias veces a Carlón, que denuncie a Masoni, con la idea de complicarlo de manera judicial. Y si bien, el trabajador le dijo varias veces que no lo conocía, fue “apretado”, él y su familia por negarse a denunciarlo.

En uno de los videos se puede observar la maniobra que utiliza Weyenbergh, hablando de una inspección que realizará la policía rural en las tierras usurpadas. Y que, apenas lleguen las autoridades al lugar, se tienen que ir “los changos”. Es decir, las personas que se encuentran en el sector, y que denuncian la desaparición del trabajador, Miguel Tolosa.

En la cámara oculta, se puede escuchar las instrucciones que le da el abogado a Carlón: “Anda a la noche, pagale a los changos y no va a haber ningún problema”. La idea es que se les dé una suma de dinero a las personas que se encuentran en los terrenos usurpados, a los cuales el abogado les debe, pero que se escondan cuando llegue la inspección, así no se descubre lo que viene pasando.

La iniciativa del letrado, es que Carlón le pida a un tal Lachi, 10 mil pesos. De los cuales serían, 4 mil para “los changos”, mil para Weyenbergh, y el resto para Carlón, con el objetivo de “ayudarlo”.

Cabe destacar, que las directivas del abogado, apuntan principalmente a que, en la inspección ocular, nadie hable ni se dirija a los trabajadores que se encuentran en las tierras usurpadas. El grupo de personas está presente en el sector, porque les deben plata, y porque según ellos, un compañero de trabajo, está desaparecido hace varios días.

Weyenbergh, pretende que, apenas llegue la policía rural a inspeccionar, solo quede en los campos, un tal “Sanabria”. Un discurso unificado que también es sostenido por las abogadas, Erica Fierro y Mabel Juárez. Quienes son las que “intervienen en la causa”, y son las que defienden la misma, a “capa y espada”.

A su vez, se puede ver al abogado dando la orden de sacar los carteles y no dejar ningún rastro. Porque eso complicaría todo el armado que viene llevando adelante junto a todos sus cómplices. Y advierte que “no tiene que haber nadie”, cuando llegue la inspección.

Por último, Weyenbergh, asegura que en el momento que llegue la policía, mandará al chofer, Ruli Suarez para que “vaya controlando la situación”. Así después, el abogado “arregla” con Orlando Canido, quien, según él, “el empresario se ha demorado mucho”. Y “fundamentalmente hay que evitar que no detengan o indaguen a los changos”.