Tomás Arlía, el «buitre» argentino que apostó contra el país

En 2015 abrió la consultora DoubleBlue Capital y en la última crisis Tomás Arlía ordenó a su equipo dirigir sus inversiones hacia la Argentina buscando sacar rédito de la necesidad de las compañías locales

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Tomás Arlía no oculta su «oportunismo» al momento de hacer negocios. Desde su consultora DoubleBlue, fundada en 2015, se describen como especialistas en «situaciones especiales oportunistas» y aseguran que desde la compañía buscan «entregar ideas de inversión diferenciadas con retornos superiores ajustados al riesgo, mirando a través de geografías, estructuras de capital y mercados».

Fue así como Tomás Arlía y su equipo pusieron la mira en la Argentina, sacando provecho de la necesidad de financiamiento de las empresas locales y ofreciendo tasas altas a aquellos empresarios que no podían asistir a la banca comercial por no calificar para recibir préstamos. Los préstamos se dan bajo la figura de fideicomisos financieros.

Es común que las compañías locales no califiquen para recibir créditos, ya que los bancos, para evitar posibles clientes morosos, exigen condiciones que excluyen a múltiples compañías. De esta manera, las mismas recaen en compañías como la liderada por Tomás Arlía que termina pidiendo tasas altísimas a cambio de recibir un préstamo.

Lo curioso es que DoubleBlue no sólo aprovechó esta situación de debilidad en la que se encontraban las compañías locales, sino que el propio titular de la consultora lo hizo, según se desprende de la web oficial de la empresa, que reza: «El equipo de liderazgo sénior de DoubleBlue invierte junto a nuestros clientes para alinear nuestros intereses directamente con los de ellos».

Los fondos buitres en Argentina

Si bien la Argentina actualmente no sufre los problemas con «fondos buitre» que alguna vez enfrentó cuando su suerte dependía del juez neoyorquino Thomas Griesa, el país no está exento de este inconveniente.

Por ejemplo, a comienzos de 2019, el fondo Aurelius Capital Management LP presentó una demanda contra el Estado por la modificación de la ecuación para pagar los cupones de PBI y exigió 83,7 millones de dólares como compensación.

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