By El fiscal Carlos Altuve presentó este lunes un recurso para que la Suprema Corte de Justicia bonaerense revoque el habaes corpus colectivo que firmó el Tribunal Penal de Casación en medio de la pandemia del coronavirus y que abrió la puerta a cientos de arrestos domiciliarios y excarcelaciones.
La Fiscalía advirtió la “gravedad institucional” de esa resolución, donde “se ha vulnerado la garantía del juez natural que debe conocer en la situación de privación de libertad de las personas que se encuentren a su disposición, otorgando el arresto domiciliario a un numero indeterminado de personas”.
Y, aunque reconoció que “es necesario adoptar medidas urgentes y eficaces para paliar la situación de emergencia carcelaria y sanitaria”, reclamó que se deje sin efecto el fallo que había firmado el juez Victor Violini a inicios de abril que quedó en el centro de la polémica.
“No es mi objetivo alzar una barrera que obstaculice la toma de las medidas urgentes, esenciales e imprescindibles para resguardar la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. Sin embargo, considero que tales medidas no deben ser tomadas con afectación a la distribución de competencias constitucionales y legales, ni mediante la vulneración de las leyes que ordenan el funcionamiento de la administración de justicia penal. Tampoco deben tomarse medidas que desconozcan abiertamente la letra expresa de la ley ni extraerse de la mera voluntad del juzgador”, sostuvo el fiscal.
El fiscal aclaró que compartía el espíritu de la decisión de buscar una alternativa al hacinamiento carcelario en medio de la pandemia de la COVID-19, pero cuestionó la forma en la que se había implementado la medida diciendo que no estaba claro cómo evaluar los delitos graves y leves al permitir estas morigeraciones de las detenciones.
La Fiscalía denunció “arbitrariedad por fundamentación aparente en la acción colectiva y la competencia originaria del Tribunal de Casación”, la “vulneración de la garantía del Juez Natural”, una “sentencia arbitraria” por argumentos aparentes, el “apartamiento notorio de la letra expresa de la ley” y la violación de los derechos de las víctimas.
Según Altuve, “la decisión respecto a qué personas privadas de libertad gozarán del arresto domiciliario dispuesto ha sido depositada por el Dr. Violini ni más ni menos que en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Seguridad de la provincia, ninguno de los cuales puede ejercer funciones jurisdiccionales tales como determinar quiénes gozaran de medidas morigeradoras a la prisión preventiva ni juzgar las modalidades de ejecución de la pena, facultades propias del Poder Judicial”.
Según informó Infobae, la Corte bonaerense haría lugar de inmediato a la “admisibilidad” del caso, es decir, a los fundamentos que le permiten tomar el tema para su estudio.
La polémica está centrada en el fallo que el Tribunal de Casación bonaerense firmó sobre la madrugada del 9 de abril, a raíz del planteo de los 19 defensores generales de la provincia y tras reuniones en donde participó el propio Altuve y representantes del Gobierno de Axel Kicillof. La resolución llevaba la firma del juez de Casación Violini, a cargo momentáneamente de la presidencia del tribunal durante la ausencia de Ricardo Borinsky, por estas horas ya reintegrado en su cargo.
